Cinco de las nueve personas que fueron imputadas en mayo pasado en la causa denominada como “carne podrida” o “carne con sulfito”, la cual era comercializada en comercios de San Francisco y Frontera, terminaron siendo procesados por el Juzgado Federal de San Francisco, a cargo actualmente de Roque Rebak.

Se trata de Javier Rodolfo Besuzzo (47), María de los Ángeles Macagno (45), Gisel Soledad Valle (30) y Sergio José Valle (57), quienes fueron hallados coautores de los delitos de asociación ilícita, la cual habría liderado este último miembro.

Además fue procesado Maximiliano Valle (34), quien –dice la resolución- a sabiendas del mal estado de los animales que se faenaban comercializaba luego su carne al público. En su caso, se le dictó la falta de mérito como integrante de la asociación ilícita, pero sí fue procesado por poner a la venta sustancias alimenticias adulteradas de modo nocivo para la salud pública, delito contemplado en el Código Penal.

A todos ellos, el Juzgado Federal les trabó un embargo sobre los bienes hasta cubrir en total la suma 100 mil pesos en relación a Sergio Valle, y la suma de 50 mil pesos a los demás.

En los cinco casos no hubo prisión preventiva, aunque deben seguir una serie de requisitos para poder esperar el proceso judicial en libertad. Al respecto, fuentes tribunalicias indicaron que hasta el momento los imputados comparecieron siempre que fueron llamados por la Justicia y no tienen antecedentes penales.

Por otra parte, se dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los restantes imputados, quienes oficiaban de carniceros: Christian Lucas Olmos Quiroga (22), Rogelio Albano Cabrera (53), Jonathan Ezequiel Córdoba (25) y Gerardo Ángel Novara (47).

Las fuentes indicaron a El Periódico que se procesó prácticamente “al núcleo duro de la asociación ilícita”, es decir, quienes llevaban adelante la logística de conseguir el animal y preparar la carne. En el caso de quienes se les declaró la falta de mérito siguen formando parte de la investigación porque no fueron sobreseídos al momento.

Cabe resaltar que la investigación estuvo a cargo de la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni (reemplaza a Luis María Viaut, quien está de licencia en la Fiscalía de nuestra ciudad).

El Código Penal reprime con la pena de prisión o reclusión de tres a diez años por el delito de asociación ilícita. En el caso de los jefes y organizadores de una banda, el mínimo es de cinco años.

La causa

A mediados de mayo de 2019, Gendarmería Nacional secuestró casi tres toneladas de carne en mal estado, las que eran ofrecidas al público en locales comerciales.

Para ser más exactos, se trató del decomiso de 2.771 kilos de carne de origen animal en avanzado estado de descomposición y no apto para consumo, según informaba la fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, situación que terminó de confirmarse recién en el mes de julio de ese año con el resultado de los primeros peritajes.

Según la resolución, en marzo de 2019 una persona se presentó de manera espontánea ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) y manifestó que en una cremería ubicada en la localidad de Colonia San Pedro se carneaban animales enfermos cuyos cortes luego eran vendidos a carnicerías para ser comercializados al público.

El denunciante sostuvo además que en el lugar funcionaba un criadero de cerdos que se utilizaría como fachada, realizando allí los trabajos de carneada y existiendo una cámara frigorífica. Los animales utilizados, en tanto, eran provistos por colonos y tamberos del lugar, quienes los aportaban para la alimentación de porcinos. Sin embargo, su uso terminaba siendo otro.

Una vez carneados los animales eran limpiados sumergiendo su carne en un líquido similar a la lavandina para que no se observen sus defectos. Luego era transportada en tres camionetas a la ciudad de Frontera, aparentemente –según la denuncia-, a la vivienda de Sergio Valle, sindicado como el cabecilla de la asociación ilícita. Desde ese lugar, se distribuyó en locales comerciales del rubro.