La causa judicial contra Márquez y Asociados, la empresa desarrollista acusada de múltiples estafas vinculadas a planes de construcción de viviendas, sumó esta semana nuevas definiciones por parte del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, quien aseguró que “hay un alto grado de desvío de fondos a otras actividades” y que la investigación apunta a una presunta asociación criminal.

“Estamos en presencia de un negocio claramente inviable tal como se podía prever desde la empresa. La venta de unidades por debajo de los costos de la construcción es uno de los indicadores más sólidos”, expresó Gavier en declaraciones radiales. Afirmó que existen indicios de un esquema de promesas falsas cuyo único objetivo habría sido captar fondos del público y cumplir en el mínimo de los casos.

El fiscal señaló que hay “numerosísimos casos” de personas que invirtieron el valor completo de su vivienda y que las obras están demoradas o paralizadas. “A los precios actuales, muchas de esas promesas ya son inviables de cumplir”, agregó.

La investigación derivó en la detención de los cuatro hermanos Márquez y del contador de la empresa, imputados por asociación ilícita y estafas reiteradas. La medida se tomó ante el riesgo procesal y la posibilidad de que los acusados entorpezcan la investigación. “Se avizora una sanción grave y hay indicios vehementes de que podrían interferir con la causa”, explicó el fiscal.

Inversiones paralelas y bienes inmovilizados

Gavier también reveló que Márquez y Asociados se encuentra en “estado de insolvencia” y “cesación de pagos”. A la par, se investiga un conjunto de negocios paralelos iniciados por el mismo grupo, entre ellos “Márquez Salud” y “Cuatro Elementos”, cuyas actividades también son objeto de análisis.

“Según la información que nos ha ido llegando, tienen inversiones en el extranjero, tanto en Panamá como en Estados Unidos”, detalló el fiscal, al referirse al rastreo patrimonial en curso.

Entre las medidas adoptadas, se dictaron inhibiciones generales de bienes, se bloquearon cuentas bancarias y se inmovilizaron vehículos, inmuebles y acciones societarias. “Se ha acreditado que hicieron inversiones en bienes propios, como autos de alta gama y propiedades, que también quedaron alcanzadas por la cautelar”, señaló.

Si bien aún no se pudo precisar el monto total del perjuicio económico, el Ministerio Público sostiene que será significativo y que podría exceder la capacidad de recuperación con los bienes incautados.

El rol limitado de Defensa del Consumidor

Paralelamente, desde el ámbito administrativo, la Dirección de Defensa del Consumidor impuso una multa de 260 millones de pesos a Márquez y Asociados, en el marco de las denuncias que se acumulan desde 2021. No obstante, especialistas remarcan las limitaciones del sistema actual.

Ezequiel Vergara, titular de la Asociación de Defensa del Consumidor e Inquilinos, explicó que “la única forma efectiva de prevenir este tipo de estafas es a través de acciones colectivas”. En Córdoba, sin embargo, no existe aún una legislación que habilite este tipo de demandas de manera eficiente.

“El Estado llega tarde. Defensa del Consumidor acciona cuando ya se estafó”, criticó. Además, cuestionó que las multas impuestas terminen beneficiando únicamente al Estado: “Si se cobra la multa, debería repartirse entre los damnificados”.

Vergara insistió en la necesidad de que la Legislatura avance en una reforma legal que permita el inicio de acciones colectivas para casos como este. “La justicia tiene mucha resistencia a este tipo de instrumentos”, sostuvo.