La situación de la empresa desarrollista Márquez y Asociados sigue sumando reclamos, no solo por parte de clientes que no recibieron sus viviendas, sino también de empleados que denuncian sueldos impagos, suspensión de tareas y la falta de comunicación oficial de la firma. La crisis se profundiza mientras las oficinas centrales, ubicadas en barrio Tablada Park, siguen abiertas y atendiendo parcialmente al público.

Una de las trabajadoras, Carla, relató que aún se encuentra bajo relación de dependencia con la empresa: “Hace tres años que trabajo en esta empresa, y por estos días nos estamos reuniendo aproximadamente unas 100 personas, colaboradores de aquí, para reclamar el pago de nuestros sueldos ya trabajados, es lo único que nosotros hoy en día estamos reclamando”.

Según detalló, la empresa cortó el acceso a las cuentas de trabajo. “El día jueves, aproximadamente a las 13 horas, se hizo la baja de la corporación de Google, o sea, nosotros no tenemos acceso a nuestros correos laborales, con lo cual no se pueden desempeñar el resto de las tareas. Por parte de la empresa no hay absolutamente ningún comunicado para nuestros empleados, nada, no se nos ha informado nada de cómo continuar”.

Los empleados también señalaron que la empresa sigue operando parcialmente. “Sabemos que sí, sigue operando. Esta es la oficina central donde funciona la caja y un pequeño grupo de atención al cliente. Hay otra oficina aquí mismo en calle Batle Planas donde hay un equipo de aproximadamente siete colaboradores que siguen atendiendo clientes. En esa oficina había 30 personas”, explicó Carla.

El pasado martes, en la sede de Lino Spilimbergo al 3500, se congregaron unas 50 personas en protesta. “Todos aquellos colaboradores que están en la misma situación y todas aquellas personas que quieran sumarse a nuestro reclamo, más que agradecidos estamos”, expresó.

Ariel Márquez, uno de los apuntados por presuntas estafas.
Ariel Márquez, uno de los apuntados por presuntas estafas.

Clientes sin viviendas y contratos reprogramados

La otra cara del conflicto involucra a quienes firmaron contratos con la empresa para la construcción de viviendas, muchas de las cuales no se iniciaron o no se terminaron. Según estimaciones de trabajadores, hay alrededor de 500 obras en etapa constructiva no finalizada, y la cantidad de clientes con contratos podría ascender a miles.

Una mujer damnificada relató que ante la falta de avances en su vivienda, la empresa le ofreció un nuevo contrato con plazos extendidos. “Se quejan y desde la empresa les llaman y les proponen un nuevo contrato, por ejemplo, lo reprograman y le dicen que le van a entregar la casa en el 2027 o 2028”.

Los testimonios también advierten sobre el estado de deterioro de las obras paralizadas. Las viviendas construidas en “etapa gris” quedaron expuestas a las lluvias y al deterioro por falta de cobertura. “Las casas se están pudriendo y dañando día a día porque hace meses que se paralizaron las obras”, expresaron damnificados.

Denuncias penales y posibles maniobras sistemáticas

El abogado César Bustos Esquivel, quien representa a varios damnificados, aseguró que el accionar de la empresa “se repite con exactitud” en distintos puntos del país. “La empresa tiene oficinas en Mendoza, San Luis, Buenos Aires y otras provincias. No es solo Córdoba”, explicó. Según sus declaraciones, la cantidad de damnificados podría alcanzar los mil casos.

Bustos Esquivel también confirmó que se radicó una denuncia penal por presunta asociación ilícita, y denunció maniobras sistemáticas de dilaciones, sobrecargos y usura. “A todos les piden más plata en cada reunión. Yo compré una casa de dos plantas, y me pidieron que pague aparte una escalera”, relató.

En paralelo, muchas personas afectadas optan por no hacer público su caso por temor a represalias. “Dicen que desde la empresa amenazan con romper los contratos si salen a hablar”, señalaron. Mientras tanto, crece la incertidumbre sobre el futuro de las obras, los contratos vigentes y el destino de los fondos aportados por cientos de familias.