La familia de Santiago Dávila quiere que “Pocholito” pague por su asesinato

Era un 7 de julio de 2016. Alrededor de las 21, una noche bastante fría, Santiago Abraham Dávila (56) caía tendido frente a su domicilio de calle 56 y 11, al recibir un disparo que ingresó por su brazo y luego terminó en su corazón. Según testigos el autor de la balacera fue Alan Catriel Martínez, más conocido como “Pocholito”, delincuente que siendo menor de edad tuvo a maltraer a las policías de San Francisco y Frontera.

“Estaba trabajando con la leña con dos de mis hijos. Él (por Pocholito) tuvo un entrecruce de palabras con unos chicos de al lado y cuando llegó a la esquina se bajó y disparó tres veces. Uno de los tiros le pegó a mi marido”, recuerda Liliana Álvarez a El Periódico, esposa de Dávila, quien junto a Lucrecia, hija de ambos, se presentaron este lunes en la Fiscalía de Frontera para pedir que Martínez siga preso teniendo en cuenta este antecedente policial.

“Pocholito” (20) volvió el pasado viernes a la escena criminal cuando resultó detenido por un hecho de abuso de armas en perjuicios de dos hermanos de Frontera. Fue aprehendido en su domicilio de barrio Parque en nuestra ciudad, donde además le secuestraron un teléfono celular y drogas, entre otras cosas.

Pero ya con 14 años su prontuario era más que frondoso: robos calificados, abuso de armas, asaltos y homicidios.

“Venimos a pedir una respuesta justa, una explicación a la muerte de mi papá. Hoy se encuentra detenido Pocholito, el culpable de su muerte. Ya pasaron cinco años y no hay justicia”, remarca Lucrecia y agrega: “Nosotros quedamos sin mi papá, pero él va y viene, no podía estar en San Francisco y Frontera y sin embargo lo veíamos todo el tiempo.

Sabemos que fue él, tenemos dos testigos que son claves y lo vieron esa noche”.

Los familiares de Dávila llegaron bien temprano a la oficina del fiscal Nicolás Stegmayer y fueron recibidos por su secretaria, ya que el funcionario judicial tenía una audiencia judicial. Asimismo, les habría prometido recibirlas este martes.

Inimputable en ese momento

Tras el asesinato de Dávila, se inició una cacería para dar con “Pocholito”, quien asediado por los uniformados terminó entregándose -acompañado de su padre y su abuela- a la Justicia santafesina. En la Subsecretaría de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la ciudad de Rafaela, el presunto asesino negó los hechos que se le acusaban y desde ese organismo lo consideraron no punible a razón de su edad. Además, se excusaron de no tener competencia jurisdiccional que le permitiera intervenir, ya que este tenía domicilio en la provincia de Córdoba. Por estos motivos fue derivado a la Unidad de Desarrollo Regional (Uder) con sede en San Francisco, con la intención de que vuelva a quedar al cuidado de su familia.

Tamaña decisión significaba un peligro teniendo en cuenta los antecedentes de este joven. La Justicia de San Francisco decidió intervenir y mediante una resolución del Juzgado de Control volvió al Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba, un centro de detención para menores de edad.

Sin embargo, unos meses más tarde, el 28 de marzo de 2017, “Pocholito” junto a un compañero escaparon de este lugar en la madrugada al cortar unos barrotes con una sierra. Salieron al exterior y lograron trepar un alambrado sin que nadie se percatara. Su vida tras ello siguió vinculada al delito. 

“Da mucha bronca e impotencia todo lo ocurrido, estuvo detenido unos primeros días, luego lo enviaron al Complejo Esperanza, se escapó y volvió a Frontera y anduvo a los tiros. Un día me acerqué a la policía, me dijeron que nos quedáramos tranquilos que no lo íbamos a cruzar ni acá ni en San Francisco. Pero lo vimos siempre”, manifiesta Álvarez.

“Solo recibimos la burla, él va y viene, respira. Mi papá tenia familia, hijos, nietos. Él tiene hijos y disfruta de eso, pero ahora que quedó preso queremos que pague”, sentencia Lucrecia y agrega: “Que no lo larguen, que vean lo que pasó, que se pongan en nuestro lugar. Él tiene varias causas como menor, una muerte, intentos de homicidios, creo que deberían rever su prontuario y que cumpla por todo lo que hizo”.

Sus antecedentes de menor no valen

Fuentes judiciales informaron a El Periódico que se encuentran al tanto de los frondosos antecedentes de Martínez. No obstante, hicieron la salvedad de que la legislación argentina no permite considerar los antecedentes de menores a la hora de los procesos cuando son mayores, como la situación actual.

Además se informó que en la jurisdicción santafesina no existen otros hechos con participación de “Pocholito” siendo mayor de edad, por lo que el actual –imputación por abuso de armas- es el primer hecho por el que se lo investiga. Actualmente, Martínez está detenido en la Alcaidía de Rafaela.