La importante movilización que el pasado martes convocó en San Francisco a la comunidad educativa de diferentes instituciones, además de gremios y dirigentes políticos de diferentes banderas, se replicó en todo el país en multitudinarias marchas y envió un mensaje contundente al Gobierno en defensa de las universidades públicas. 

El reclamo fue en respuesta a la política de desfinanciamiento y los recortes presupuestarios que se hicieron desde el Gobierno nacional por decisión del presidente Javier Milei, que a comienzos de año decidió no actualizar el monto para gastos de funcionamiento de las universidades, a pesar de que en 2023 hubo más de 211% de inflación y este año ya superó el 50% solo en el primer trimestre. De esta manera, las universidades tenían para ello el mismo presupuesto aprobado en 2022 y desde hacía algunos meses venían alertando de que eran insuficientes para su normal funcionamiento.

En San Francisco la concentración convocada por los diferentes sectores de la comunidad universitaria comenzó a las 17 en el salón de actos Santiago Pampiglione de la Universidad Tecnológica, donde se realizó una charla debate con diversos disertantes, entre ellos, el decano Alberto Toloza, que describió la situación actual que vive la casa de altos estudios.

Luego se realizó una concentración en el exterior de la universidad a la que se sumaron diferentes sindicatos de la ciudad, se realizó el canto del himno nacional y la posterior lectura del documento redactado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a cargo de la vicedecana de UTN, Claudia Verino.

“La universidad pública argentina atraviesa un período crítico como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno nacional. Las universidades públicas son uno de los motores de la democracia, la producción y los lazos sociales”, comenzó leyendo.

“Las universidades públicas han experimentado un fuerte ajuste presupuestario, llegando a marzo de 2024 con un presupuesto congelado desde septiembre de 2022, mientras la inflación ha aumentado un 300%”, expresó en otra parte del comunicado.

En otro tramo se refirió al impacto en salarios y condiciones laborales por los recortes del gobierno: “Los trabajadores universitarios han sufrido una pérdida del 50% en su salario en comparación con la inflación. Se destaca que más del 90% de la inversión estatal en educación superior se destina al pago de salarios”. A su vez, que demanda “un aumento salarial acorde a la inflación, mejores condiciones laborales, y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente. También se reclama un diálogo paritario genuino y sin imposiciones unilaterales”.

Luego la movilización se dirigió por bulevar Roca hacia el edificio del IPEM 96 “Profesor Pascual Bailón Sosa”- Trigueros 151-, donde funciona el CRES San Francisco.

Marcha universitaria: una protesta que puso un límite al Gobierno

Idas y vueltas del Gobierno: ¿hay algún plan?

Desde el Gobierno nacional, semanas atrás aseguraron que iban a aumentar un 70% las partidas para gastos de funcionamiento, además de otras para los hospitales universitarios, como en el caso de la ciudad de Córdoba el Hospital de Clínicas. Sin embargo, según explicaron rectores de todo el país, al momento de convocar a la movilización federal esas partidas no se habían entregado y eran un simple anuncio y recién se informó que se habían girado los fondos un día antes, el lunes. 

En el medio, emitieron el anuncio de un falso acuerdo con el CIN por aumento de fondos que duró apenas un par de horas, ya que no había ocurrido sino que solo era una propuesta de la administración libertaria.

Por otra parte, rectores de varias universidades ya dejaron en claro que ese aumento es insuficiente por el atraso inflacionario. Para hacer cuentas y dar una idea, desde la UTN San Francisco informaron que solo en el último mes debieron abonar una boleta de luz cuyo monto fue la mitad de todo su gasto por ese rubro en 2023.  

El presidente Javier Milei pasó de los ataques y críticas a todo el sistema universitario estatal, incluyendo una desenfrenada catarata de retuits en sus redes sociales con datos falsos, insultos a rectores y hasta una imagen de la Universidad de Buenos Aires incendiada, a una declaración posterior en la que afirmó que se garantizarán fondos. Su primera respuesta a la manifestación fue otra desacreditación: “Día glorioso. Lágrimas de zurdo”, publicó. 

Sin embargo, quizás porque "la vio" o por alguna otra razón, un día después cambió el tono y aseguró que estarán los fondos para las universidades, sin más precisiones, y dijo que su Gobierno no tiene intenciones ni insinuó cerrar universidades. Algo por lo menos discutible ya que sí lo hizo su socio político José Luis Espert, quien no lo insinuó sino que habló expresamente de cerrar universidades supuestamente por tener militantes kirchneristas, priorizando el sesgo ideológico del Gobierno por encima de la necesidad y función de las universidades en la comunidad. El mensaje es que lo que el Gobierno no puede, no quiere o no sabe gestionar, directamente lo rompe o lo cierra. Y fue el propio Milei el que en numerosas veces defenestró la educación pública argentina y la consideró una forma de adoctrinamiento, al igual que todos los integrantes de su usina discursiva y tuiteros de sueldos millonarios, para los cuales no pide auditoría alguna.

El otro argumento del Presidente fue que deben auditarse sus gastos para desarmar presuntos “curros”, algo que desde las universidades respondieron que no se oponen, que ya se hace con otros organismos y que tal función no es potestad del Poder Ejecutivo. 

La ametralladora de retuits del Presidente durante las marchas fueron algo ya previsible de su irritabilidad y su show mediático. Pero las universidades nacionales no van a sostenerse con funcionarios tuiteros, sino con gestiones, acuerdos, decisiones y horizontes de acción. Milei no fue capaz de explicar o plantear mínimamente su proyecto. ¿Hay políticas para la universidad pública detrás de ese comportamiento agitador de Milei? Pareciera que solo motosierra.

Y es que hasta ahora el Gobierno no planteó políticas en el sistema universitario para mejorar las cosas que supuestamente considera que deben mejorarse. Como en toda institución de semejante antigüedad, tamaño e importancia para el país, seguramente hay muchos aspectos que pueden corregirse y el Gobierno cuenta con la legitimidad obtenida en las urnas para presentar sus proyectos y debatirlos. Sin embargo, desde el vamos solo emitió críticas y agravios generalizados hacia el sistema universitario público, sin proyecto alguno para oponer. Su discurso se centró en la supuesta falta de transparencia y adoctrinamiento de estas instituciones, mientras que su acción concreta fue quitar fondos, congelarlos y no entregarlos. Esa es una política.

La respuesta en las calles de estudiantes y toda la comunidad universitaria, a la que se sumaron otros sectores, fue contundente: la universidad pública no merece semejantes ataques y se va a defender.