En el marco del 49° aniversario del golpe de Estado de 1976, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Francisco difundió un documento en el que reflexiona sobre el presente político y social de la Argentina, vinculándolo con el pasado reciente. En el texto, la organización advierte sobre lo que considera un “peligroso retroceso” en materia de derechos humanos, y cuestiona al Gobierno nacional por “reivindicar abiertamente a la dictadura” y por “desfinanciar espacios de memoria, salud, educación y programas sociales”.

El documento, leído en el acto conmemorativo del 24 de marzo en la ciudad, sostiene que el golpe cívico-militar de 1976 fue impulsado por sectores de las Fuerzas Armadas “alentados por una parte de la sociedad civil, corporaciones económicas, sectores de la Iglesia y de organizaciones políticas y sindicales”. También plantea que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura no afectaron únicamente a los militantes, sino que “todos fuimos víctimas potenciales”.

A lo largo del texto, se denuncia un escenario de regresión institucional y simbólica. “A casi cincuenta años del último Golpe nos toca enfrentarnos a un gobierno que, por primera vez desde 1983, llegó al poder reivindicando abiertamente a la Dictadura, negando el concepto de terrorismo de Estado y promoviendo una lógica de aniquilación de quienes se le oponen”, expresan desde la Comisión.

Uno de los ejes del documento es la crítica al desmantelamiento de políticas públicas vinculadas a la memoria, como el recorte presupuestario a los Espacios de Memoria, la paralización de los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad y la amenaza de destrucción de archivos históricos por parte de fuerzas militares. La Comisión también repudia lo que describe como “la manipulación de los medios de comunicación” y la “mercenarización del periodismo”.

Entre las preocupaciones centrales figura el impacto de las políticas económicas del actual gobierno, a las que califican como una réplica de las aplicadas durante la dictadura, con consecuencias directas en el sector productivo, el empleo y los derechos sociales. “Se recortan los fondos destinados a salud, educación y obra pública, afectando principalmente a los sectores más vulnerables como los jubilados, los trabajadores y las disidencias”, denuncia el texto.

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Asimismo, el documento hace hincapié en la violencia institucional y en los casos de desapariciones en democracia. Reclama justicia por Jorge Julio López, Facundo Rivera Alegre y otros casos, y menciona expresamente a Pablo Grillo, fotoperiodista herido recientemente durante una represión, como otra víctima de lo que consideran un patrón represivo del Estado.

También se menciona el retroceso en políticas de género y derechos sexuales: “Se pretende retroceder décadas en cuanto a educación sexual integral, salud, identidad de género y matrimonio igualitario. Sabemos que más de 400 compañeros y compañeras fueron desaparecidos por su condición sexual”, señala el comunicado.

En el tramo final, la Comisión cuestiona la actitud de ciertos representantes políticos: “No podemos seguir sosteniendo a dirigentes que defiendan sus intereses personales. Tenemos que ocupar esos espacios y defender las instituciones democráticas”, afirman, al tiempo que reivindican el ejemplo de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y el legado de Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.

La declaración concluye con una reafirmación de los principios de Memoria, Verdad y Justicia, y la consigna central que atraviesa el documento: “Salimos porque sin raíces somos vulnerables a todo”.