En San Francisco hay personas que llevan, al menos, unos cinco años esperando una pensión no contributiva por invalidez. Esta es una ayuda del Estado que se otorga a quienes tienen invalidez laboral (disminución del 76 por ciento o más detectada por estudios médicos) y que además se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Lo que sucede en San Francisco pasa en el país. El año pasado se estimaba que más de 70 mil trámites estaban parados.

Las pensiones por invalidez, por decreto presidencial en septiembre 2017, pasaron de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales a la Agencia Nacional de Discapacidad, un ente de rango y presupuesto menor. Fue en ese tiempo donde comenzaron los cambios, y los municipios y comunas dejaron lentamente de ser los gestores de estos beneficios que pasaron a la órbita de Anses.

Miriam Carrizo (53) es una sanfrancisqueña que espera hace casi un lustro por esta pensión, que todavía no recibe. Vive en barrio San Francisco en una vivienda de avenida Malvinas al 100, con diez nietos, tres hijas (una de ellas María Laura Juárez, quien también tiene un problema de salud) y su esposo, quien es verdulero ambulante y además hace changas de albañilería cuando surgen.  

“Tuve un accidente de moto hace como cinco años y me lesioné una pierna. En la otra sufro de artrosis y la enfermedad me va comiendo los huesos, tengo una prótesis. Lo mismo en las manos, lo que me dificulta trabajar. El médico me pide que no lo haga, pero cuando puedo porque no me duelen las manos voy haciendo broches (para colgar la ropa) que nos trae una empresa y así puedo dar una mano”, explicó a El Periódico.

La situación en la casa es complicada, porque además de ella y su esposo viven tres hijas más y diez nietos con ellos. A una de sus hijas, María Laura, de 34 años, tampoco le recomiendan trabajar. Protagonizó años atrás un choque, también con su moto en la esquina de Moreno y bulevar Roca, donde sufrió un grave golpe en la cabeza. Si no está medicada, no puede mantenerse en pie.

“Me da impotencia no poder hacer más, por mi situación mucho no puedo estar parada. Hay diez chicos viviendo acá y tengo que darles una mano. Pudimos darle una pieza para que se instalen en casa", sostuvo.

Previo a accidentarse, Miriam trabajaba junto a su esposo con las verduras. Según los estudios médicos tiene un 85 por ciento de invalidez en manos y piernas, lo que le dificulta hacer trabajos de fuerza.

“Estoy continuamente medicada y mis hijas me llevan al hospital a hacer kinesiología. Las pastillas que debo tomar son caras, son cuatro por día y salen unos 2 mil pesos. Eso sumado a una pomada para piernas y manos. Tenemos alguna ayuda de Desarrollo Social, pero no alcanza”, explicó.

En el caso de María Laura, el accidente y el duro golpe en la cabeza le provocó secuelas. También diariamente debe tomar pastillas, que cuesta más de 2 mil pesos la caja que le dura un mes. “Las pastillas son para no sufrir convulsiones, no perderme o tener puntadas constantes en la cabeza”, explicó. Pese a ello, al tener tres hijos recibe la Asignación Universal. Antes del choque tenía trabajo como niñera, con sueldo fijo y además limpiaba casas.

“Nos mantenemos con lo que se vende de la verdulería. Depende de los días, mi marido sale temprano con el carro a vender. Es muy dura la situación”, definió Carrizo.

Hoy, difícil gestionarlas

Muchas personas que sufren algún tipo de discapacidad y viven en situación de extrema vulnerabilidad tienen serias dificultades a la hora de ganarse la vida. Si carecen de otros bienes, de sostén familiar o de ingresos, es la sociedad a la que pertenecen la que ha de apoyarlas. Por ello, el Estado promovió un régimen especial y gratuito de ayuda frente a diversas formas de invalidez si se acredita una disminución del 76% o más de la capacidad laboral, documentada mediante un Certificado Médico Oficial (CMO) y cuando no se compruebe una relación de dependencia vigente.

El actual gobierno nacional, en 2017, tomó como medida dar de baja las pensiones para estudiar caso por caso en el país, ante la existencia de irregularidades (gente que gozaba del beneficio sin necesitarlo), pero fue tanta la presión social que debieron rehabilitarlas. Sin embargo, las que estaban en gestión, como la de estas sanfrancisqueñas, se encuentran sumamente demoradas.

Quien las quiera gestionar actualmente tienen como primer requisito contar un certificado médico digital que se realiza en algunos hospitales, aunque en San Francisco aún no lo hacen. En este sentido, solo hay que imaginarse aquellas personas con problemas de salud que ven sumamente obstaculizado el acceso al beneficio porque deben conseguir, estando en San Francisco o la zona, un turno en alguno de los hospitales de la ciudad de Córdoba que realizan los certificados digitales para luego seguir el trámite en Anses. Con el costo de los pasajes y las limitaciones de salud en estos casos, muchos desisten de realizar este trámite que es personal.

Respuestas

Desde la Agencia Nacional señalaron el año pasado que las demoras en los trámites de las pensiones se deben al atraso que hubo durante décadas en la modernización del Estado. “Hoy desde la Agencia Nacional de Discapacidad, que fue creada en el año 2017, se está trabajando para darle más celeridad a los trámites iniciados para que los beneficiarios puedan cobrar su pensión”.

Que a raíz de los atrasos generados “hemos comenzado a trabajar con la Anses para que los beneficiarios que cobran las pensiones no contributivas por invalidez laboral puedan realizar el trámite de forma telefónica y en cualquiera de las 399 bocas de atención que la Anses tiene en todo el país. El objetivo es que los trámites de pensiones que se inicien, sean a través del expediente electrónico, lo cual agilizará y reducirá los plazos en el otorgamiento de la pensión”, agregaron.

Para quiénes

La Agencia Nacional de Discapacidad explica que para solicitar estas pensiones hay que acreditar una disminución en la capacidad laboral de 76% o más.

Además no percibir el afectado ni el cónyuge ninguna jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. No estar empleado bajo relación de dependencia. No tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia o la del grupo familiar.

Ser argentino y no tener parientes obligados legalmente a proporcionar alimentos o que, teniéndolos, se encuentren impedidos para hacerlo.