Femicidio en Balnearia: otro caso donde se llegó tarde
Como ocurrió con los casos de Marita Lanzetti y María Paz, la Justicia volvió a trastabillar en su camino a resolver los casos de violencia de género y prevenir una fatalidad. Activistas del movimiento feminista local exigen una Justicia “con perspectiva de género” y que los municipios también se involucren. Un repaso por las mujeres que ya no están.
A Laura Lidia Palacios su pareja la llevó engañada a hacer unas compras. Mujer de 50 años, cinco hijos y con problemas económicos –según la familia-, decidió seguir adelante con una relación de pareja tortuosa con José Silveiro Roldán (57), quien hace una semana atrás la cargaba en su moto para luego asesinarla en un descampado a la vera de la ruta provincial 17, en cercanías a Balnearia. Luego se suicidó.
Laura pasó desde ese día a engrosar la lista de mujeres víctimas, en su caso fatal, de la violencia de género. Había hecho denuncias contra Roldán en algún momento, sus hijas confirmaron que hasta hubo una orden de restricción de acercamiento que el hombre nunca respetó: “Era muy obsesivo”, remarcó Melisa, una de ellas, quien en el desconsuelo asumió que a su madre “la mataron como un perro” y que “la Justicia siempre estuvo del lado del hombre”.
Su caso es similar a muchos de los ocurridos en San Francisco y en nuestra región, como el de “Marita Lanzetti” o María Paz, por mencionar algunos, donde hubo alertas previas de las víctimas antes que la historia tenga un desenlace fatal, lo que evidencia la falta de una justicia con perspectiva de género. También de medidas que las protejan de sus agresores, donde claramente deben involucrarse los gobiernos locales.
Un sistema que falla
Belén Luna, integrante del Movimiento Feminista San Francisco, sostiene que se ha “naturalizado” que una mujer, por ejemplo en 2021, haya sido asesinada cada 34 horas en el país, según datos del Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos ven".
“Esto muestra un sistema que sigue fallando y dejando a las víctimas a su suerte y desamparadas. Cuando pedimos que nos queremos vivas es con dignidad, no con miedo que nos maten. Hay un sistema que falla, la justicia que no actúa y medidas de protección que no funcionan. Vemos la necesidad de que se vea a la violencia de genero más allá de un delito, con sus variables sociales, históricas, culturales y políticas, es algo multicausal”, explicó Luna en diálogo con El Periódico.
Según los registros de la organización "Ahora Que Sí Nos ven", el año pasado se registraron en Argentina 256 femicidios. En el 39,5% de los casos, el femicida fue la actual pareja de la víctima, mientras que el 29% fue la expareja.
El informe detalla además que 42 víctimas habían realizado una o más denuncias previas a la Justicia sobre violencia de género -es decir, el 16%-, y 24 tenían activa una medida de restricción hacia su agresor -solo el 9% de los casos-.
En este punto, Luna advierte algo que está a la vista de todos: “Las mujeres denuncian y las matan igual; siempre decimos que hay medidas de protección como perimetrales, el botón antipánico, pero es necesario que la Justicia pueda reconocer a los violentos porque un femicida, como el caso de Balnearia, no decide de un día para el otro matar sino que hubo situaciones anteriores donde fue violento”.
La activista local ejemplificó dos casos que se dieron en San Francisco donde dos mujeres habían denunciado a sus exparejas antes de ser asesinadas por estos: “El caso María Paz (2019), donde ella lo denunció y después la mató. ‘Marita’ Lanzetti (2015), que tenía incontables denuncias contra su exmarido y no pasaba nada hasta que la mató a puñaladas en un jardín de infantes. En la mayoría de los casos hubo denuncias previas. Está a la vista que se sigue trabajando la violencia de género con parámetros que no funcionan”, reflexionó.
El 14 de noviembre del 2012 se sancionó la ley 26.791, la cual se promulgó en diciembre del mismo año. Esta modifica el artículo 80 del Código Penal Argentino incorporándole la figura del femicidio, no como autónoma sino que se lo considera un agravante del homicidio.
Dependencia económica
Para el movimiento Ni una Menos es urgente que el Estado intervenga y esté cerca de las mujeres implementando políticas públicas que promuevan su protección y también del colectivo LGBTI+, posibilitando el acceso a la vivienda, a la educación y a un empleo formal que garantice su autonomía financiera.
La económica es también de las más comunes e impide a sus víctimas no poder salirse del ciclo de violencia en el cual están inmersas.
Según las hijas de Laura Palacios, eso pasó en parte con su madre: “Ella sufría de violencia y por eso se fue a vivir con mi hermana a Brinkmann, por las amenazas constantes. Pero por temas de plata se tuvo que venir”, contó Melisa, agregando que Roldán era en parte su sostén.
Micaela, su otra hija, reconoció haber acompañado a su madre a realizar las denuncias: “Nosotras dos juntas denunciamos hace tres años y pedimos una restricción que después él no cumplía. Él siempre vivió en el campo, pero venía acá todos los días. Era un tipo muy posesivo. A ella le dijeron que la iban a meter presa también, como a él, porque no cumplían las restricciones. Ella se asustó porque tenía una nena de 10 años y no quería que le pase nada, por eso no nos contó luego que la seguía golpeando”.
Luna sostuvo que el Estado debe generar presupuesto y recordó que hace seis años el movimiento feminista exige que se declare la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres: “El Estado necesita herramientas para detectar a los varones violentos antes de llegar a un femicidio. No es una problemática de mujeres combatir la violencia de género. Como país lo entendimos en 2015, que no es algo que solo lo arregla la pareja sino que hay que involucrarse. Saber que un violento que mata a su pareja o expareja siempre tiene episodios anteriores”, cerró.
Dónde denunciar
Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate vía WhatsApp a la Línea Violeta: 3564221355.
Además, el Polo de la Mujer también brinda asesoramiento: (03564) 439034/5, de 8 a 20. Unidad Judicial de la Departamental San Justo: (03564) 443272.
También está disponible la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. En la provincia de Córdoba se puede acudir al 0800-888-9898 y por WhatsApp: 3518141400.