El juez Federal del Tribunal Oral N° 1 de Córdoba, Jaime Díaz Gavier, hizo lugar al pedido de “probation” en favor de Matías Emanuel Iturria, el contador villamariense y ex presidente de la Juventud del Pro en esa ciudad, acusado de “alteración dolosa de registros impositivos”. Con esta maniobra, Iturria utilizaba caves fiscales de personas en situación de indigencia, sin que ellos lo supieran, para facturar con sus claves fiscales. Ahora deberá resarcirlas con distintas sumas de dinero.

Según la investigación encabezada por la Fiscal Federal de Villa María, María Schianni, desde la computadora de Iturria se hicieron modificaciones de las condiciones tributarias de personas que no autorizaron ese cambio; y además, utilizaron a personas en situación de indigencia para registrarlos ante la AFIP y así, sin que ellos supieran, comenzaron a facturar como si fueran empresarios.

Precisamente todo salió a luz cuando una de esas personas vulnerables dejó de cobrar la asignación por sus ocho hijos debido a que se había convertido, solo en papeles, en empresario, informó El Diario de Villa María.

Probation

Para evitar ir a juicio por esas causas, tanto el contador Iturria como el empresario Tomás Lingua hicieron el pedido de suspensión de juicio a prueba, el que fue avalado por el fiscal y aprobado por el juez. La “probation” consiste, en este caso, en una compensación económica a las víctimas.

En consecuencia, el ex dirigente del Pro deberá abonar a uno de los damnificados $650 mil (en tres cuotas mensuales) y $150 mil en un solo pago a otra víctima. Asimismo, en caso de no poder localizar a su exempleada doméstica -una de las denunciantes- y a los hijos de otro damnificado -Julio Sánchez, quien era un indigente al que había inscripto como empresario- en tres meses, la restante suma de $712 mil pesos se repartirá entre quienes recibirán los $650 mil y los $150 mil, respectivamente.

Iturria deberá, además, realizar tareas comunitarias no remuneradas, de apoyo escolar o similar a niños en condiciones de carencia, durante cuatro horas mensuales y por el lapso de tres meses.

Por su parte, Lingua deberá abonar $435 mil a la misma víctima que recibirá los $650 mil. De no localizar a los hijos de Sánchez -quien, recordamos, fue asesinado en un hecho que no está relacionado con esta investigación-, los restantes $315 mil irán, nuevamente, para el primer damnificado.