A comienzos de mayo se registró la detención de cuatro mujeres y tres hombres involucrados en la venta de drogas luego de una serie de allanamientos en San Francisco, Frontera y Josefina por parte de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA). El inspector Guillermo Ayala, director general de Operaciones de la FPA, explicó que estas personas serían parte de una organización dirigida desde el Establecimiento Penitenciario N° 7 de San Francisco, que operaba a través de familiares directos y amistades que tenían a su cargo el almacenamiento, el fraccionamiento y la venta de las sustancias.

Por otro lado, en el reciente fallo judicial por la causa de narco lavado en la que fueron condenados, entre otros, el ex presidente de Sportivo Belgrano Pablo Esser, y uno de los barras del club, Braian Requena, también lo fue Marcelo “Pescado” Artaza, quien hacía su aporte desde la cárcel de nuestra ciudad.

Según la acusación, Artaza comercializaba en la prisión las sustancias ilícitas provistas por su yerno, Requena. Lo hacía a través de un celular que utilizaba para comunicarse con su hija. También coordinaba con otro familiar el retiro de estupefacientes y de dinero recaudado en la prisión. En esta causa, el “Pescado” recibió 6 años y 6 meses de cárcel.

No solo desde la cárcel de San Francisco hay bandas que operan en materia de drogas. De igual forma trabajan en técnicas de ingeniería social para cometer estafas telefónicas, uno de los delitos más comunes durante la pandemia.

En marzo pasado, por ejemplo, agentes de San Francisco, Rafaela, Reconquista y Santa Fe llevaron adelante en el servicio penitenciario local un amplio operativo que culminó con gran cantidad de elementos secuestrados. Esos allanamientos fueron solicitados por el Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Reconquista (Santa Fe), tras varios hechos de estafas. 

Un mes después, en otra causa similar, sería la Fiscalía de Instrucción de Morteros, a cargo de Juan Fernando Ávila Echenique, la que ordenaría allanamientos en la cárcel que terminaron con resultado positivo.

Que no se pudra

Mientras hay varios detenidos que buscan encerrados la forma de resocializarse para cuando les toque volver a una vida en libertad, otros convictos mueven los hilos de adentro hacia afuera y siguen vinculados a la delincuencia.

Para poder hacerlo acceden a herramientas clave, como teléfonos celulares: “Si vos le sacás el celular y la droga, adentro de la población carcelaria se pudre”, afirmó sin ningún tapujo una fuente policial.

Este escenario lleva a plantearse la posible complicidad entre los detenidos y un sector del servicio penitenciario. Pero también explica que los presos que afuera tenían poder, una vez tras las rejas necesitan mantener su estructura delictiva sin importar que ya tengan una condena.

Preocupa en la Justicia

Aunque no sea algo nuevo, que grupos operen desde las sombras de un penal genera mucha inquietud en la Justicia. Meses atrás, cabe indicar, la Procuración General de la Nación le envió al Ministerio de Justicia de la Nación una serie de recomendaciones para controlar a las bandas narco criminales en las cárceles.

Entre ellas figuraban que se instalen en los pabellones inhibidores de celulares, que los lugares de detención tengan requisas más periódicas, que se controle la complicidad de agentes penitenciarios y que haya más rigor en los beneficios que puedan obtener los presos de un perfil de mayor riesgo.

Consultado por El Periódico, el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, mostró su preocupación sobre lo que sucede dentro de los penales, en especial el de San Francisco, jurisdicción donde actúa.

“Preocupa el tema, en los procedimientos que hemos hecho se lograron secuestros de celulares. Esto genera una operatoria difícil de investigar porque están a nombre de terceras personas, operan de manera clandestina, de forma intensa y eso trae complicaciones en temas como estafas y narcomenudeo”, señaló.

Alberione indicó que existe un centro de monitoreo dentro del servicio penitenciario, pero remarcó: “No se entiende cómo puede haber tanta operatividad dentro de una cárcel, es un tema a resolver y de manera urgente”.

El fiscal sostuvo que esta preocupación la comparte con sus pares de la Justicia de Santa Fe: “Trabajamos mucho con gente de las fiscalías de Santa Fe, por detenidos en Rosario que vía telefónica estafan en la ciudad de Morteros, por ejemplo. Es una preocupación compartida”, remarcó.

Luego consideró: “Si se tomara con más determinación el control (dentro del penal) simplificaría mucho el tema de las investigaciones y bajaría la cantidad de casos que tenemos”.

Si bien las comunicaciones y la utilización de equipos móviles por parte de las personas alojadas en establecimientos penitenciarios se encuentran prohibidos por la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, la llegada de la pandemia modificó la aplicación de las normas al verse prohibidas o restringidas las visitas a los reclusos en razón de la situación epidemiológica. Así cobró fuerza la idea de que el uso de teléfonos celulares facilitaba mantener el vínculo de aquellos con sus grupos familiares.

Sin embargo, en abril de 2020 el juez Leandro Lazzarini rechazó la implementación de esta medida en la provincia de Santa Fe. En ese contexto, en los primeros ocho meses de 2021, se incautaron en penales de esa provincia 3691 teléfonos celulares, ya sea por decisión administrativa o en el marco de actuaciones judiciales.

Consultados en la fiscalía de Frontera sobre esta situación, indicaron también que lo consideran un problema serio, agregando que su postura en este tema va en línea con la decisión adoptada por el juez Lazzarini.