La Fiscalía Federal de Villa María pidió la elevación a juicio de la causa que se le sigue al fiscal federal de San Francisco –hoy en uso de licencia-, Luis María Viaut, involucrado en supuestos pedidos de dinero en la tramitación de causas.

Además del magistrado, también solicitaron esta medida para un empleado de la justicia federal quien era mano derecha de Viaut, Darío Fabián Rivarola, así como para Gerardo Agustín Panero (Las Varillas), Víctor Hugo Brugnoni (Laborde) y Walter Gustavo Fattore (Pozo del Molle). Asimismo, se solicitó el sobreseimiento total y definitivo del imputado Santiago Badino (El Tío).

Cabe recordar que a inicios de julio de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de estas personas, dispuesto por el juez federal de Villa María, Roque Ramón Rebak, tras la investigación que llevó adelante la fiscal subrogante María Marta Schianni.

Los delitos

Sintéticamente, a Viaut se lo acusa primero de pedir $2,5 millones al gerente de la cooperativa de Las Cañitas (El Tío), Pablo González, y al presidente de la entidad, Juan Domingo Solá, para frenar una causa judicial por presuntas irregularidades. Esto fue negado por el fiscal, declarando que no tuvo participación alguna.

El segundo delito que se le achaca ocurrió también el año pasado. El empresario Víctor Hugo Brugnoni aseguró que pagó US$17.100 para que liberen al hijo en una causa radicada en la Justicia provincial, dinero que se repartió desde dentro de la Fiscalía federal, según aportó el propio procesado.

En este último caso hay un reconocimiento del fiscal apuntado por la Justicia. Viaut contó en conferencia de prensa que un amigo lo llamó para indicarle que otra persona (Brugnoni) tenía problemas con su hijo detenido por abuso sexual y que buscaba una especie de asesoramiento: “Como cuando uno tiene un problema de salud grave, tiene al médico, pero apela a la curandera para salvarse. En este caso, se solicitó un dinero (17.100 dólares) para las gestiones, se trató de asesorarlo”, reconoció en diálogo con la prensa.

Asimismo sostuvo que era algo “totalmente ajeno” a su función, al no tener competencia en la causa. “Nunca hablé con un fiscal o un juez. No los conozco, ni correspondía. Por esto no corresponde el tráfico de influencia que se me achaca”, se defendió. Sin embargo, admitió cobrar la jugosa cifra en dólares que luego dividió entre las partes.

Por el primer hecho, a Viaut se le atribuye el delito de “concusión agravada”, mientras que para el segundo “tráfico de influencias”.

En manos del juez federal

Ahora lo que suceda dependerá del juez Rebak, que puede disponer si confirma o no la elevación a juicio. Claro que en el medio la defensa de los procesados podrá oponerse. De no prosperar este trámite, el paso siguiente es la designación de una cámara en la provincia de Córdoba para que juzgue a Viaut y a las demás personas.