Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe y acusado de una megaestafa piramidal, fue detenido en República Dominicana, luego de varias semanas de eludir a la Justicia y mientras sus socios y empleados fueron apresados.

El 16 de enero pasado, cuando el mundo le aullaba a su puerta y lo trataba de presunto estafador, el coach ontológico Leonardo Cositorto abordó un vuelo comercial de Avianca desde Bogotá, capital de Colombia, con rumbo a Punta Cana en la República Dominicana. Pero algo falló en el proceso. Los registros oficiales del país caribeño no reflejan su ingreso. Es decir, a República Dominicana, Cositorto no ingresó legalmente. Pero allí se quedó.

Así, encendió su cámara y su teléfono, dio reportajes para defenderse y decir que todo estaba bien en su conglomerado Generación Zoe, acusado de cometer un esquema Ponzi masivo bajo sospechas de lavado de dinero. Transmitió via Zoom y Youtube, le dijo a sus seguidores que resistan, bajo una sombrilla de hojas de palma, con el cielo casi blanco de tanto sol.

¿Vivía a fideos y arroz en una ratonera? ¿Su fuga era miserable? Todo lo contrario. En Dominicana, Cositorto -según pudo saber Infobae de altas fuentes del caso- nunca vivió pobre.

Este lunes, efectivos de Interpol y de la Policía local lo arrestaron en un departamento playero de la zona de Juan Dolio, a casi una hora de Santo Domingo, tras un pedido de la fiscal Juliana Companys que lo acusa de estafa y de asociación ilícita. La división Interpol de la Policía Federal Argentina sabía que estaba en Dominicana hace semanas, solo le hacía falta saber dónde exactamente. También, sabían que había personas en el país que lo asistían y apoyaban.

Cositorto, aseguran investigadores del caso, empleaba un truco sucio: utilizaba un dispositivo VPN, tanto en Colombia como Dominicana para enmascarar los números IP de sus transmisiones. Algunos correspondían a España, otros a Panamá, diversos destinos, pero cometió deslices que permitieron triangular a Dominicana como su ubicación real. Sus videos también lo traicionaron. En algunos mostraba detalles del lugar, en vez de transmitir desde una pared blanca.

Así, comenzaron a cotejar los detalles con lugares que ofrecían alquileres temporarios, con ofertas en redes sociales.

Tras realizar su última transmisión en vivo, Cositorto fue capturado hoy por la mañana en el apart hotel Villa Rubén de la zona de Juan Dolio, con vista directa al mar Caribe y acceso a la playa, a unos cuarenta minutos de Santo Domingo. El apart, entre otras amenities, ofrece jacuzzi y botes privados a un costo adicional. No es particularmente caro. Sitios como AirBNB ofrecen habitaciones a 11 mil pesos argentinos diarios.

Sin embargo, Villa Rubén no fue su primer destino. Llegó allí hace menos de dos semanas, curiosamente, luego de que “Max” Batista, su número 2, viajara a Buenos Aires desde Barcelona para entregarse. Antes, vivía en un destino mucho mejor: una casa para cinco personas y pileta privada en el Guavaberry Resort & Country Club, también en Juan Dolio, que le costaba, al menos, 300 dólares diarios. El country tiene centro ecuestre para equitación, club de playa, campo de golf.

Allí vivió durante un mes, hasta que los movimientos de Batista lo desplazaron. No se fue muy lejos, tal vez le gustó la locación. Hay cuatro kilómetros de distancia entre Villa Rubén y el Guavaberry. Se cree, también, que Batista y Cositorto tuvieron diálogo mientras estuvieron prófugos, algo difícil de probar, ya que el número 2 llegó a entregarse a la Argentina sin un teléfono encima.

En paralelo, sus acreedores se agolpaban en sus oficinas de Córdoba y Belgrano, pedían saber dónde estaba el dinero. Cuánto pusieron en total, cuánto recaudó Generación Zoe, todavía es un misterio. Movimientos en sus billeteras de criptomonedas hablan de una fuga de 9 millones de dólares. Norman Próspero, uno de los contadores del grupo, aseguró que recibió acreditaciones por casi 500 millones de pesos y más de 800 mil dólares en cuentas de solo dos de una decena de firmas.

El Juzgado Federal N°4 de Ariel Lijo lo investiga por lavado de dinero, un expediente en el que todavía no fue requerido. El Departamento Investigaciones Antimafia de la PFA -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales- realizó allanamientos y detenciones para la causa federal y para la de la fiscal Companys. La investigación continúa.