“Es una bomba de tiempo, no tiene nada que perder”. La frase la lanza casi resignado Juan, hijo de un expreso político que junto a su esposa Daiana vivieron –aunque el miedo persiste- un calvario desde junio de 2020, cuando recibieron la primera agresión del genocida Jorge Balla, que vivía hasta hace unos días en la casa lindera, en prisión domiciliaria. Hoy, se convirtió en un ciudadano más de San Francisco, ya que por una resolución judicial de la Justicia Federal de Santa Fe se le otorgó nuevo domicilio para seguir con su beneficio, aunque en otra jurisdicción.

En el año 2017, Balla fue beneficiado con prisión domiciliaria aludiendo cuestiones de salud que no estarían muy claras y evitando de esa manera ir a una cárcel común. La condena la cumplió en su casa de barrio Piquete Las Flores, en la ciudad de Santa Fe. Sin embargo, siempre gozó de una prisión domiciliaria liviana e irregular que le valió para transgredir las reglas e incluso amenazar de muerte a una pareja vecina, mostrando una total impunidad.

“Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a matar por el patio”, fue lo que escuchó Juan el pasado 5 de diciembre en boca del exmilitar, quien sacado tras una discusión innecesaria le espetó tamaña amenaza a su vecino: “Desde ese momento me cambió la vida, vivir con el pensamiento de que te van a matar es una sensación horrible”, confesó a El Periódico el hombre de 30 años, quien recuerda latente esta última situación que fue la segunda que mantuvo con el represor y su familia, aunque en la última oportunidad se animó a realizar una denuncia en la Justicia.

Llegada a la ciudad, engaño y conflicto

Balla dejó su domicilio en Santa Fe días atrás. Lo retiró un coche de Gendarmería Nacional, sin esposarlo (tiene una tobillera electrónica) y lo trajo hacia San Francisco, su nueva ciudad donde cumplirá hasta ahora la perpetua, aunque con el beneficio de hacerlo en un departamento céntrico.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe en un fallo firmado el pasado 4 de abril, ante los incidentes con sus vecinos.

El arribo del represor condenado despertó un repudio generalizado en la ciudad. Los organismos de derechos humanos locales, sumado a gremios, partidos políticos, instituciones, entre otros, se mostraron en “estado de alerta”. El concejal del Frente de Todos, Andrés Romero, presentó un proyecto en el Concejo Deliberante que propone declararlo “persona no grata”, ante el silencio de sus pares.

Por otra parte, el propietario del inmueble donde empezó a vivir quien fuera condenado por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, de 1977, pidió el jueves mediante una carta documento el desalojo de este departamento ya que adujo haber sido engañado al momento de concretar el contrato de alquiler.

“En el mes de febrero una señora, según ella divorciada, se presentó solicitando alquilar un inmueble para vivir acá. Presenta una garantía, se piden los informes y la garantía era correcta, no había problema. Entonces se celebra el contrato de locación y se alquila el inmueble, sin decir una palabra de que convivía o no sé qué relación tenía la persona que está con prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad. El haber ocultado un caso de este tipo para mí es suficiente para pedir la rescisión del contrato”, sostuvo a El Periódico Alberto Esper, el locador.

Esper aduce, además, que recibió las inquietudes de los demás inquilinos del edificio que no quieren la presencia del genocida. En la carta documento, se le dan 15 días a la locataria para que entregue la posesión del inmueble, para que Balla se vaya.  

El calvario que vivió Juan

Juan llegó a Santa Fe desde otra provincia. Conoció a Daiana, formaron familia y el destino les cruzó a Balla y familia en el camino. Desde diciembre de 2020 su vida es un calvario, aunque la historia comienza unos meses antes: la noche del 18 junio cuando tuvieron una primera discusión. La pareja fue insultada no solo por el exsargento y su esposa sino además por sus hijos; el militar ignoró la señal que pudiera disparar la tobillera electrónica que porta, salió de su casa y lo tomó a Juan por el cuello, acción que llevó a sus propios hijos a ingresarlo nuevamente a la casa.

Según explicó la víctima, en ese momento no realizaron la denuncia por miedo a lo que podría venir y a modo de cuidado del embarazo que la mujer cursaba. Pero, no se pudieron evitar las complicaciones y el hostigamiento constante sufrido por los vecinos provocó un parto prematuro. Es que la pareja agredida ya no se animaba a visitar el patio de su casa, temiendo la violenta reacción de Balla si los escuchaba o si se trepaba al tapial o a los techos para observarlos, como hizo –aseguran- en varias oportunidades.

Ya en diciembre, el día 5, hubo otro episodio que avivó el fuego. Los nietos de Balla jugaban en la vereda frente a la ventana donde Daiana intentaba dormir a su pequeña hija, quien había estado más de 20 días en neonatología y con respirador. La joven fue a pedirle a la esposa de Balla si podía avisarles a los niños que jueguen en otro sector de la vereda, pero la respuesta fue aún más salvaje que la primera vez. Salieron despedidos tanto el represor como sus familiares, hijos de por medio, y rodearon a la pareja para volver a amenazarlos con lastimarlos a ellos y a su hija. Fue en ese momento donde Balla, desde el umbral de la casa, llamó “montonero” a Juan. Esta vez, la pareja decidió denunciar.

“Tuve una hija prematura, 22 días en la neo con respirador. Desde el 5 de diciembre no salí al patio de casa, no pude disfrutar el espacio de mi casa con mi hija, estamos con asistencia psiquiátrica y psicológica. Este tipo está enfermo, no es una persona normal”, sostuvo.

“Esto que hizo acá lo va a seguir replicando donde vaya, es una bomba de tiempo. Tiene 70 años (por Balla), nada que perder y le da los mismo estar en su casa o en la cárcel. Cuando le manifiesten otra forma de pensar puede pasar algo y la Justicia está para prevenir, no para luego lamentar”, cerró.