El legislador Carlos Roffé (Frente Cívico) calificó de “revés a media” lo que se dio a conocer hoy, en relación a la autorización del Enargas que avaló a Emugas para el cobro del FOSP en la facturación del servicio de gas.

“Expresamos que Emugas no estaba autorizado a cobrar el FOSP y Enargas nos dio la razón”, destacó el parlamentario.

A lo que precisó que “la resolución del Ente Nacional Regulador del Gas, autorizando la percepción del FOSP, es a partir de la emisión de la misma y no tiene vigencia retroactiva”.

Roffé volvió a reclamar que devuelvan lo cobrado. En ese sentido, manifestó: “Sigo afirmando que Emugas debe proceder a devolver el dinero cobrado sin autorización”.

No estaba autorizada

Más allá de las consideraciones que hace  el Enargas, el legislador Roffé destacó que “ha quedado claro que  Emugas no estaba autorizado a cobrar el  FOSP, ya que hasta el 29 de abril fecha de nota  del Ente nacional, la empresa Emugas no había sido autorizada a incluirlo en la factura”. En ese sentido, insistió en el argumento inicial: al no estar autorizada, no podía cobrar el Fosp.

Asimismo, el parlamentario del Frente Cívico señaló que le llama la atención, que “Emugas no habría respetado lo ordenado por el Enargas, de suspender el cobro hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión”. Ya que -según Roffé- “habría facturas de la empresa que brinda el servicio de gas a los vecinos de San Francisco con fecha de emisión anteriores  a la  nota recibida del Ente nacional”.

Inconveniencia

Por otra parte, en la carta que recibió Roffé del Enargas, el Ente advierte de la inconveniencia de que los fiscos locales utilicen la factura de gas como medio de recaudación y, con tal motivo, ha sustentado el criterio de trasparentar las cargas  impositivas contenidas en las tarifas respecto de los componentes regulados y sus variaciones.

Desorden y anarquía

Otro asunto que destacó el legislador, es que el Enargas argumentó que no se encuentra facultado  para cuestionar la valides de la norma municipal. Sobre ello, Roffé consideró que “con ese criterio no se podría ejercer  una correcta  regulación del sistema ya que se impondría el desorden y la anarquía, donde cada empresa cobraría el sobrecosto que le venga bien a sus intereses y se perjudicaría siempre el usuario”, como ocurre en San Francisco.