El 27 por ciento de la población sanfrancisqueña está compuesta por niñas, niños y adolescentes (NNA) hasta 18 años de edad, según el último censo poblacional del 2010, vigente todavía una década después. Son unas 19 mil personas incluidas en esta franja etaria, según la cantidad de habitantes en nuestra ciudad.

Entre ellos, hay chicos con sus derechos vulnerados que necesitan de una asistencia por parte del Estado que no siempre les llega. Se trata de vulneraciones socioeconómicas, de salud, integridad sexual, entre otras.

Un dato relevante y objetivo es que el 6,7 por ciento de los 19 mil niños, niñas y adolescentes (unos 1200) concurrieron a comedores y merenderos comunitarios de San Francisco y de Frontera durante este 2020, según un relevamiento realizado por la ONG local “Corazones Contentos”, junto a los merenderos y comedores comunitarios.

¿Pero quién se encarga de velar por los derechos de ellos? En gran parte las Unidades de Desarrollo Regional (UDER), que son dependencias descentralizadas de la Senaf, que buscan desarrollar en el interior de la provincia medidas de promoción, protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la delegación local no daría abasto con la cantidad de intervenciones, muchas veces complejas.

En este sentido, el bloque unipersonal del Frente de Todos prepara un proyecto de ordenanza para la conformación en la ciudad de un Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de NNA en San Francisco, algo contemplado por la Ley Provincial 9.944, sancionada y promulgada en 2011, pero que en la ciudad no existe.

Según anticipó a El Periódico Andrés Romero, quien representa la banca opositora, la intención es llevar esta propuesta a debate en las primeras sesiones del 2021, aclarando que para lograrlo es necesario que haya “voluntad política”.

El Servicio Local es un organismo municipal que se ocupa de promover y proteger los derechos en materia de niñez y adolescencia mediante la implementación del trabajo en red con diversas instituciones.

Decisión

“Nuestra plataforma política viene trabajando hace años para la ciudad, con inquietudes acerca del estado de los niños y adolescentes. Nos contactamos con profesionales también preocupados por esta situación y logramos desarrollar la propuesta de crear un servicio de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, fundado en que en el presupuesto municipal presentado año a año esto no se tiene en cuenta”, observó el edil.

Remarcan la necesidad de reforzar la protección de los derechos de niños y adolescentes

Romero recordó los índices de pobreza en el país donde casi 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina y afirmó que además de esta variable hay otro tipo de situaciones donde este sector ve vulnerados sus derechos, en muchos casos sin pertenecer a las clases sociales más bajas: “Al margen del gran esfuerzo que hace el gobierno nacional, hay datos alarmantes porque la mitad de los niños y niñas y jóvenes están bajo línea de pobreza, pasando además situaciones de abusos sexuales, violencia familiar y algo que nos preocupa y mucho como la deserción escolar. La cuestión de la conectividad y lo difícil en pandemia de sostener a la educación es un problema que se ha agravado y generará un impacto en los próximos meses”, sostuvo y cuestionó: “Vemos que el Estado municipal ante esta situación no tiene respuesta alguna, no hay un área correspondiente que trabaje y se recarga todo sobre la UDER”.

Para Romero, la creación de este Servicio Local pasa por la “voluntad política” de la Municipalidad y ejemplificó: “Sin ir más lejos, un chico apuñaló a otro en un barrio meses atrás y pasó de largo, pero son cosas que se repiten”.

El edil opositor reconoció que pese a ser más pequeñas, algunas localidades del departamento San Justo cuentan con esta área en sus municipios: “La ley generó el marco propicio para que haya un desarrollo de esta área en los gobiernos y en la región se hizo, a través de ordenanzas específicas. Los municipios no solo tienen la facultad de intervenir sino de diagnosticar y definir una política pública para abordar problemas. La sociedad crece a un ritmo acelerado y en ese crecimiento se profundiza la desigualdad social; además es un sector sin voz en San Francisco. Nuestra iniciativa es para sumar, no hay superposición con ningún otro nivel de gobierno e intentamos abordar un problema que existe y no hay que negarlo”, subrayó Romero.

“Es un reclamo permanente”

Camila Zénere es licenciada en Trabajo Social y se desempeña tanto en el ámbito público como privado. Es parte del equipo que asesora a Romero en la creación de este proyecto, que también suma al abogado Nicolás Casas.

Según Zénere, para el colectivo de trabajadores y trabajadoras sociales la conformación de un Servicio Local es “un reclamo permanente”, indicando que muchas veces “se deben tapar agujeros, con intervenciones que no se corresponden a ciertos marcos institucionales, pero que de no hacerse muchos niños y adolescentes quedarían a la deriva”.

La trabajadora social indicó que ante cualquier derecho vulnerado en esta franja etaria se recurre a la UDER, siendo que ésta debería trabajar en las medidas de tercer nivel, que son más complejas: “La UDER tiene competencia departamental, y en este escenario deben trabajar con lo sumamente grave y urgente, por lo que hay cuestiones menores que quedan sin abordaje. Por eso un Servicio Local es indispensable”, aseveró.

Zénere indicó que, desde comienzos de 2020 a la actualidad, según pudo constatar, mensualmente la UDER interviene en un promedio de 98 casos a nivel departamental, de los cuales el 40% corresponde a San Francisco. En el mes de septiembre, por ejemplo, se encontraban abordando 33 medidas excepcionales que involucraban a 52 niñas, niños y adolescentes. Las demandas provienen de los cuatro Juzgados existentes en el departamento San Justo; de la Unidad Judicial; de Equipos Locales y SLPD; de Equipos de Salud, públicos y privados; de Gabinetes Escolares; del Polo de la Mujer y demandas espontáneas. También se realiza trabajo articulado con el Juzgado Federal y Fiscalías de Delitos Complejos.

La licenciada en Trabajo Social explicó que existen alarmas e indicadores sobre situaciones de vulnerabilidad que se pueden atender a tiempo para evitar que un niño o adolescente sea retirado de su casa, por ejemplo, que es una de las últimas medidas a tomar: “Para que no suceda esto debería haber profesionales interviniendo en el terreno para detectar casos a tiempo y evitar derivaciones”.

Lo contempla la ley

Por su parte, el abogado Nicolás Casas ratificó que la conformación del Servicio Local está contemplado en la ley provincial: “Es una ley bastante larga pero interesante, responde a la ley nacional de los derechos del niño y a la convención internacional de los derechos del niño. Se amolda perfectamente a la legislación nacional. Pero pasa que como ocurre en muchos ámbitos lo que se escribe no se palpa en la realidad”, alertó.

Para Casas, los casos más graves están dados por situaciones de chicos con extrema vulnerabilidad dentro de la familia a través de la violencia física y los abusos sexuales”, cuestiones por las que terminan siendo separados de su hogar y donde interviene UDER. Aunque remarcó: “Hay muchas situaciones en las que trabajar territorialmente porque muchos casos no llegan al extremo de separar a un chico de su familia, entonces un Servicio Local, con su equipo profesional, podría trabajar en conjunto con las familias para superar situaciones”.

Pero sobre todo, el abogado remarca que este espacio está contemplado legalmente y en distintas localidades de la región funciona de manera correcta: “Ojala en algún momento se incorpore esta oficina local y si ocurre que no sea una pantalla y que por falta de gente se termine delegando todo a la UDER”, concluyó.