El bloque de concejales de Mejor San Francisco presentó un proyecto para que la Municipalidad de nuestra ciudad se adhiera a las disposiciones de la ley nacional 26.485 de "Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales", promulgada en abril de 2009.

La concejal Claudia Lenis pidió que en el marco de la ley, una vez adherido el municipio, contemple, entre otras cosas, la creación de Centros de día para el fortalecimiento integral de la mujer e instancias de tránsito para la atención y albergue de las mujeres que padecen violencia.

Lenis manifestó que tras el asesinato de la maestra jardinera María Eugenia Lanzetti, ocurrido en abril de 2015, las víctimas de violencia familiar y de género se animaron más a denunciar, pero que pese a ello la problemática de la mujer sigue siendo “dolorosa”. Cabe agregar que antes del crimen de “Marita” había seis botones antipánico activos. En la actualidad se sumaron 30 más.

La importancia de la adhesión radica en la posibilidad de obtener recursos económicos para lograr varios de los objetivos de la ley para nuestra ciudad.

Por ahora no

El bloque oficialista pidió pasar el proyecto de ordenanza opositor a comisión. La edil Alejandra Piasco repasó lo que hizo la gestión de Martín Llaryora y lo que hace actualmente la de Ignacio García Aresca en cuanto a combatir la violencia de género. Habló de campañas de concientización y acompañamiento a las víctimas, tanto en lo económico como en lo social.

“Pedimos que se pase a comisión hasta que en los próximos días se resuelva lo que hará la Provincia en este tema”, manifestó Piasco.

Días atrás, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti elevó a la Legislatura un proyecto para adherir a dicha norma en respuesta al reclamo de varias instituciones que luchan contra la violencia de género.  A partir de esta adhesión, Córdoba recibiría desde junio los fondos que establece la norma para financiar acciones específicas de prevención y lucha contra la violencia familiar.

La decisión del Partido Justicialista fue cuestionada por ambos bloques de la oposición (MSF y Cambiemos), asegurando que muchos proyectos “terminan durmiendo en los cajones cuando pasan a comisión” y advirtiendo que existe “autonomía municipal” para poder adherir a leyes nacionales, aunque no lo haga el Gobierno provincial.