A principios de mayo de este año, la ciudad se desayunaba con que el represor condenado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar, Jorge Balla, había llegado a San Francisco a cumplir su condena perpetua, aunque en un departamento céntrico ya que años atrás fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

Recaló en nuestra zona por decisión del Tribunal Oral Criminal Federal santafesino en un fallo firmado el pasado 4 de abril, ante una serie de incidentes con sus vecinos de la capital santafesina.

Lo más llamativo es que el dueño del inmueble donde cumple su pena denunció haberse enterado de su presencia en el lugar por los medios de comunicación y no por quien hizo firmó el contrato de alquiler, la esposa del exsargento, cuestión que lo llevó a intimar a la mujer a dejar el departamento y por ende rescindir el contrato, algo que no ocurrió. Ante la negativa, el locador Alberto Esper inició una demanda de desalojo en los tribunales de nuestra ciudad.

Tobías Gómez, abogado que representa a Esper, explicó que la presentación a la Justicia de la demanda es acompañada por la acción del Concejo Deliberante que rechazó la presencia del exmilitar en la ciudad. También se sostiene que su presencia “perturba” el orden del barrio y el edificio mismo donde habita.

Desde la defensa del represor, el estudio de abogados local que lo representa se ampara en el “bien familia” como un derecho: “Esta respuesta no hace a la discusión del tema porque está perfecto que quieran vivir en familia donde ellos pretendan, pero para ello debe estar de acuerdo quien les alquila la propiedad, algo que no ocurre”, señaló Gómez, al indicar que hubo ocultamiento de información al momento de sellar el contrato.

El próximo paso es que declaren Esper, Balla y su pareja, Viviana Guadalupe Bourquin, quien tramitó el alquiler.

Según dijo Gómez a El Periódico, Balla y su pareja no tienen intenciones de irse, aunque aclaró que sus vecinos actuales y sobre todo su defendido “no están dispuestos a tolerar esta situación”.

La condena

El 27 de agosto de 2019, Balla fue condenado en el marco del juicio que llevó adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe constituido por Luciano Lauría, Mario Gambacorta y Otmar Paulucci. Lo encontraron culpable como coautor del homicidio doblemente calificado en perjuicio de Osvaldo Pascual Ziccardi, Ileana Gómez, Carlos Frigerio y Jorge Luis Piotti, en lo que se conoció como "La masacre de Ituzaingó y Las Heras". 

Sin embargo, Balla recibió el beneficio de la prisión domiciliaria basado en informes médicos que, para abogados de DDHH, no acreditan los requisitos exigidos en todo el país para condenados por delitos de lesa humanidad.

Mal vecino

“Montonero hijo de puta, te voy a matar, te voy a matar por el patio”, le dijo Balla a su exvecino Juan en el barrio Piquete Las Flores en Santa Fe, previo a desembarcar en San Francisco.

Juan es hijo de un expreso político y junto a su pareja contó a El Periódico que vivió un calvario desde que Balla se mudó junto a su casa en 2020.

“Desde ese momento me cambió la vida, vivir con el pensamiento de que te van a matar es una sensación horrible”, expresó el hombre que tras esa amenaza decidió accionar en la Justicia.

Por el incidente del exsargento con sus vecinos, el Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe en un fallo firmado el pasado 4 de abril decidió su traslado a nuestra ciudad.