A principios del mes de mayo la ciudad se desayunaba con que un represor condenado por delitos de lesa humanidad en la última dictadura cívico militar, había llegado a San Francisco a cumplir su condena perpetua, aunque en un departamento céntrico ya que años atrás fue beneficiado con la prisión domiciliaria.

Jorge Balla, involucrado en la masacre de Ituzaingó y Las Heras de 1977, en Santa Fe, recaló en nuestra zona por decisión del Tribunal Oral Criminal Federal santafesino en un fallo firmado el pasado 4 de abril, ante los incidentes con sus vecinos de la capital de la provincia vecina.

Alerta y mentira

La llegada del represor puso en alerta a los organismos de derechos humanos locales, a la vez que inquietó a más de un vecino. Y como frutilla del postre, el dueño del inmueble donde cumple su pena denunció que le mintieron cuando firmó el contrato de alquiler. Esto lo llevó a intimar a la mujer que realizó el trámite –sería la esposa de Balla- a que en 15 días debía dejar el departamento, por ende rescindir el contrato, algo que no ocurrió. Por este motivo, según pudo confirmar El Periódico, el locador Alberto Esper prepara a través de su abogado una demanda de desalojo que presentará en estos días en los tribunales de nuestra ciudad.

En una segunda carta documento fechada el 3 de junio último, dirigida a la persona que alquiló la vivienda –identificada como Viviana Guadalupe Bourquin-, Esper volvió a hacerle saber del incumplimiento de algunas de las cláusulas del contrato de locación y de la alteración del destino por el cual fue dado en locación el inmueble, que terminó “prestado para el cumplimiento de una pena privativa de la libertad, bajo el régimen de prisión domiciliaria del señor Jorge Balla”, sostiene en el texto.

De esta forma, Balla resiste en San Francisco y vuelve a ser su lugar de residencia motivo de conflicto. Será la Justicia quien decida a dónde finalmente terminará cumpliendo su pena.