“Cuando existe un 40 por ciento de pobreza no hay política punitiva que alcance”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Sebastián Cruz López Peña, volvió este martes a San Francisco en el marco de visitas periódicas que se realizan a las diferentes sedes ubicadas en el interior provincial. Estos encuentros –dijo el funcionario judicial- son clave para tomar contacto con la realidad de cada lugar.

“La temática y problemática de cada sede es distinta y variable en lo económico, en los recursos humanos, cada una tiene sus particularidades. Venir implica captar mejor las problemáticas, necesidades y planteos de cada lugar”, sostuvo López Peña, quien mantuvo contacto en horas de la mañana con medios de prensa en donde se refirió a diferentes temas.

- ¿Cuál es el balance que realiza del programa Referentes Judiciales Comunitarios, que busca fortalecer en derechos a la comunidad y generar confianza en la Justicia y sus integrantes?

- Es una iniciativa que nació en pandemia en el marco de una política de responsabilidad social, como servidores públicos que somos, en esto de poder devolver a la sociedad lo que el agente judicial recibe del Estado, independientemente de la tarea que hacemos porque es ad honorem y fuera de horario. Nos vimos sorprendidos por la respuesta ya que Córdoba tiene una planta de 8 mil agentes judiciales y se anotaron mil voluntarios en toda la provincia. Falta mucho aun por hacer, pero la primera respuesta la vimos de las comunidades, sobre todo del interior. Es un programa innovador en Latinoamérica que permite insertar la justicia a la comunidad y está trayendo buenos resultados en la percepción social.

- ¿Dónde confirman que la percepción social es buena?

- En los juicios por jurado, por ejemplo. Cuando uno ve una encuesta de la población que viene a ser jurado popular, el Poder Judicial tiene una imagen negativa. No solo el de Córdoba sino todos. Cuando una persona es convocada para ser jurado hace una encuesta, opina y tiene esta percepción. Pero esa cambia cuando completa la tarea que le encomendaron, ya su visión del Poder Judicial cambió al ver el profesionalismo y la vocación de servicio que existe. Por eso como institución debemos tener las puertas aún más abiertas en la medida de lo legalmente posible para que la sociedad capte ese trabajo.

- ¿Qué le genera escuchar que existe una imagen negativa que parece profundizarse?

- Soy un hombre de la Justicia, pero no de carrera, soy de la profesión y vengo de la calle. Tenía una imagen de la Justicia que luego corroboré desde adentro. Eso me autoriza a opinar desde ambos lados, por más que hoy sea mi deber ser la cabeza del Poder Judicial y defender la tarea cuando las cosas se hacen bien. La imagen negativa tiene múltiples aristas. Algunos debemos hacer un mea culpa interno por mala praxis y algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación que no son propios del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Hay una dependencia mediática de la Justicia en los medios cuando se trata de causas o fallos que vienen por la Justicia de CABA, la de Comodoro Py, que es permanente discutida en los medios y el ciudadano no distingue si se trata del Poder Judicial federal o provincial. Eso no lo distingue y parte de un error de comunicación nuestro. Podemos ser buenos, regulares, malos; mejores o peores que otras justicias, pero somos distintos. Ese énfasis que uno declama por ahí no es comunicado del todo bien. Sí puedo decir que la Justicia de Córdoba es muy respetada y reconocida en el resto del país, en la comunidad jurídica.

- ¿Existe autocrítica sobre los tiempos que muchas veces son lentos?

- Los procesos judiciales tienen dos grandes paradigmas: la seguridad y la celeridad jurídica. Normalmente las causas de mayor repercusión son las penales. Córdoba tiene un código procesal netamente garantista. El garantismo y la celeridad son conceptos que se tensionan permanentemente. Garantismo en su concepto dogmático, no el que mal usa cuando se dice ‘se entra por una puerta y se sale por otra’. Institucionalmente no hay puerta giratoria en Córdoba, aunque por supuesto vamos a encontrar casos de un ciudadano que entró y salió tres veces en seis meses. Pero institucionalmente Córdoba tiene el doble de población carcelaria que hace 10 años, tiene miles de presos más que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, con lo cual estos números macros parecen desmentir la idea de la puerta giratoria. Pero debo decir que hay una corriente mediática que critica mucho cada vez que encuentra casos particulares. También hay críticas del exceso de prisiones preventivas. Pero por un lado hablan de puerta giratoria y por el otro critican esto último.

- ¿Cómo podría corregirse esta situación que no es nueva?

- El código procesal necesita de menor garantismo en pos de lograr mayor celeridad. Quizás el péndulo esté muy sobre lado del garantismo y prueba de ello es que más del 90 por ciento de las causas que llegan a las cámaras tienen condenas. ¿Por qué? Porque vienen muy revisadas. Hay una investigación penal preparatoria con un sistema recursivo muy beneficioso al imputado que permite permanentemente estar cuestionando. Ese exceso de revisión cuando es confirmado hace que llegue a las cámaras de juicio ya muy revisado, por eso el índice de condena es tan alto. Entonces, mientras más posibilidades recursivas hay, más se estiran los procesos judiciales. Se puede lograr que las causas lleguen más rápido a juicio pero siempre a costa de eliminar la posibilidad de recursos. Hay ideas que implican políticas legislativas. Los tres poderes del Estado pueden ponerse de acuerdo en algún mecanismo.

- De acuerdo a lo que dijo anteriormente: ¿hay sobrepoblación carcelaria?

- Puede haber sobrepoblación en algunos lugares específicos, pero también vemos que existe un incremento sostenido de pabellones dentro de las cárceles existentes.

- Lo que no deja de preocupar es el nivel de reincidencia en el delito. ¿Qué análisis hace?

- Cuando usted tiene un 40 por ciento de pobreza no hay política punitiva que alcance. Aproximadamente tres cuartos de los detenidos están por delitos contra la propiedad. Cuando no se tienen satisfechas necesidades básicas, la salud, el trabajo, la educación, no importa el monto de pena que se ponga ni cuán efectiva sea la persecución penal, eso va a seguir existiendo. No existe en el mundo dentro de un Estado de derecho algo que escape a la regla de mayor pobreza, mayor marginalidad y delincuencia. Hay una incidencia directa.

- ¿Preocupa el nivel delictivo que existe dentro de las cárceles de Córdoba? La de San Francisco es un claro ejemplo.

- Sí, pero si desde la Justicia un fiscal lo sale a decir y pide un allanamiento, entonces el Poder Judicial está dando respuestas. Claro que sería ideal que no pase. También debo decir que es una política que depende de otro poder. Pero si la Justicia interviene es porque funciona. Después se podrá ver si alcanza lo que se hace.