El Gobierno nacional confirmó este jueves que revocará el Protocolo nacional de abortos no punibles que había sido publicado ayer en el Boletín Oficial ya que ni el presidente Mauricio Macri ni otros secretarios habían sido consultados por los cambios, según señalaron hoy diferentes ministros.

Entre otros puntos, la actualización para los casos en que está prevista la posibilidad de la interrupción legal del embarazo (ILE) reafirmaba que no hay que judicializar los casos de abortos no punibles, señalaba que la objeción de conciencia no puede ser institucional y que los servicios de salud debían garantizar la interrupción legal del embarazo. Además, que entre la solicitud de la ILE y su realización no podían pasar más de diez días.

Este mediodía, a la salida de la reunión de Gabinete, el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, confirmó que el veto a la medida será publicado mañana viernes en el Boletín Oficial y aseguró que Adolfo Rubinstein, el secretario de Salud que firmó la resolución, no renunció ni recibió pedidos para que lo hiciera.

 “La resolución se va a revocar. Saldrá publicada mañana, supongo, en el Boletín Oficial y esto tiene que ver simplemente con una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un gobierno", dijo Finocchiaro.

"Los ministros sabemos que tenemos un margen de autonomía, pero hay determinadas cosas que deben ser consultadas. Esta fue una definición en un tema sensible que no fue consultada", explicó Finocchiaro.

En la misma línea se expresó la ministra de Desarrollo y Salud, Carolina Stanley, de quien depende la Secretaría de Salud. “El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta del secretario de Salud”, aseguró. 

El ministro de Educación señaló que, durante la reunión de Gabinete, el tema fue abordado como “un tema de conciencia”. “Hay personas dentro de nuestro gobierno que piensan de una manera y personas que piensan de otra. Lo mismo pasa con nuestras bancadas en el Congreso”, se explayó.

Además, señaló, “cuando un gobierno se encuentra a dos semanas de entregar el mandato, administra pero no toma ninguna decisión que pueda comprometer a la próxima administración”.

Los cambios en el protocolo

La actualización del protocolo le daba rango ministerial al ya existente y no dejaba lugar a interpretaciones sobre cómo debía actuarse. Uno de los cambios más sustanciales era que la objeción de conciencia no podía impedir que un hospital o centro de salud realizara la interrupción del embarazo.

Además, planteaba que para acceder a la ILE alcanzaba con solicitarla, dar consentimiento informado y firmar una declaración jurada en la cual la persona que quiere abortar afirme que su caso está contemplado por las causales que prevé la ley (hoy en la Argentina el aborto es legal por causales).

También disponía que no podían pasar más de diez días entre el pedido de la persona gestante y la intervención, advertía que no podía ser rechazada por ninguna institución de salud pública o privada, esto es, no existe la "objeción de conciencia institucional". Además, disponía que no podía ser judicializada ni obstaculizada de ninguna manera.

Este protocolo actualizaba el anterior y fue obra del secretario de Salud, quien se había manifestado públicamente a favor de la legalización del aborto en el debate en el Congreso de 2018. De esta manera, volverá a estar vigente el protocolo de 2015.

Con información de Página 12 / La Nación.