La causa judicial por presunto abuso sexual, iniciada tras la interrupción de un embarazo avanzado en el Hospital Iturraspe de San Francisco, sumó en las últimas horas la opinión del obispo local, Sergio Buenanueva, quien hizo público un comunicado a través de las redes sociales del Obispado. En su mensaje, destacó el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud involucrados en este tipo de prácticas médicas.

“La objeción de conciencia de los profesionales de la salud, médicos y enfermeros, es un derecho fundamental que no puede ser desconocido”, afirmó Buenanueva. En el mismo texto, expresó: “Toda vida vale. El aborto de un niño de 32 semanas de vida y la violencia sexual contra la mujer que lo concibió ha conmovido a la comunidad de San Francisco. Que la conciencia rechace estas formas de injusticia es un síntoma alentador: la voz de Dios no puede ser callada”.

La interrupción del embarazo fue practicada a una mujer que cursaba la semana 32 de gestación y que denunció haber sido víctima de una violación. El caso es investigado por la fiscal de Delitos Complejos, Silvana Quaglia, quien notificó al acusado, que se presentó con abogado defensor. Según fuentes extraoficiales, el hombre niega los hechos y solicitó una prueba de ADN para descartar un vínculo biológico.

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Marco legal y avances judiciales

El procedimiento médico se encuadra en las disposiciones de la Ley 27.610, que habilita la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14, pero contempla la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) sin plazo en casos de violación o riesgo para la salud integral de la persona gestante.

La ley establece que no es necesaria una denuncia penal para acceder a la ILE: alcanza con una declaración jurada ante el equipo de salud interviniente. La normativa considera violación a toda acción que implique vulneración del derecho a decidir sobre la vida sexual o reproductiva, incluyendo situaciones de coerción, engaño o violencia dentro de vínculos de pareja o familiares.

Desde la fiscalía, señalaron que el caso continúa en etapa de instrucción. Se prevén peritajes y estudios complementarios para avanzar en la recolección de pruebas. Las autoridades recordaron que la Justicia no ordena abortos, sino que estos se realizan conforme a lo establecido por la ley vigente.