El gobierno interino de facto en Bolivia emitió este sábado un paquete de decretos cuyo punto principal generó inquietud en el país y en el exterior al liberar de toda responsabilidad de sus actos a las Fuerzas Armadas involucradas en la represión de la protesta que enciende al país desde antes de la renuncia de Evo Morales​ el pasado domingo.

Ordena que “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidad, deben prestar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policías en el cumplimiento del presente decreto supremo".

Propone que las FF.AA empleen “todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos, de acuerdo a las necesidades a fin de garantizar el bienestar, la seguridad y la protección del pueblo boliviano”.

Enseguida, en el artículo 3, dispone que “El personal de las FF.AA. que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad publica estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”. Y señala que se deben observar “los principios de legalidad, absoluta necesidad, y proporcionalidad”.

Remite luego al “Manual del Uso de la Fuerza” aprobado el 14 de enero de 2005, fecha previa a la asunción de Morales por primera vez en enero de 2006.