La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), de la que Córdoba es parte, definió como regresivo el Decreto 780/2024 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que consideró que “restringe el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, obstaculiza su uso y acota los datos que las personas en ejercicio de la función pública están obligadas a suministrar”. 

“La disponibilidad de la información pública es un pilar fundamental en las sociedades democráticas, ya que permite a la población estar informada y participar de manera activa en la toma de decisiones de sus gobiernos. La falta de acceso a la misma puede llevar a la opacidad, la corrupción y el abuso de poder, socavando los principios fundamentales de la democracia, es a través de la información veraz y objetiva que podemos construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática”, aseguró Carlos Galoppo, defensor adjunto del Pueblo de la Provincia de Córdoba.

El comunicado de ADPRA también advierten que el decreto implica una injerencia indebida sobre las competencias de la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que debilita su carácter autárquico y su autonomía funcional.

Carlos Galoppo.
Carlos Galoppo.

De acuerdo con lo expresado, el Defensor del Pueblo Adjunto solicitó al Gobierno nacional que revea su decisión, “se revierta esta medida restrictiva y se garantice el pleno acceso a la información pública en beneficio de la sociedad”. 

Fopea cuestionó las restricciones de Milei al acceso a la información pública