El escandaloso caso del Wi-Fi “gratuito” para todos los cordobeses desvelado el 20 de abril último a través de una investigación de LA MAÑANA , sumó un nuevo capítulo ayer, cuando el senador nacional Luis Juez presentó al Frente Cívico para que sea tenido como querellante particular en la causa abierta por su compañero de partido, el vocal del Ersep, Juan Pablo Quinteros.
Juez llegó al edificio de Tribunales II y luego de asentar el pedido en Mesa de Entradas indicó que tras la presentación de Quinteros -recayó en el Distrito III Turno 7 a cargo de Raúl Garzón- “muchos técnicos que estuvieron cerca del proyecto nos acercaron pruebas que fuimos acompañando al expediente” y “estamos pidiendo que sean citados a declarar para que como testigos ayuden a dilucidar cómo fue urdida la maniobra, porque conocen detalles claves”.
El Frente Cívico no es el único partido que se interesó luego de la serie de notas publicadas por este medio. Desde Carlos Paz surgió el pedido de informes del concejal justicialista Adrián Lizarriturri, quien reclamó a la Intendencia para que se informara a la opinión pública los motivos por los cuales no funciona en esa ciudad el sistema de Internet gratis instalado por la Provincia. Ediles radicales preparan pedidos de informes del mismo tenor en otra localidad.
La promesa del anterior gobernador Juan Schiaretti de llevar Wi-Fi gratuito a todos los hogares comenzaba con una inversión inicial de $ 59,6 millones para las principales ciudades (debía estar finalizada en noviembre de 2011), y en una segunda etapa (para fines de este año) tenía que cubrir todo el territorio provincial con una inversión total de $ 125 millones. Se concesionó la obra a través de la Epec a una UTE conformada por IR Comunicaciones y Galander SA, se creó un nodo central, se instalaron costosísimos equipos Alvarion (israelíes) y Motorola (estadounidenses) en Córdoba, en Río Cuarto, en Villa María, en San Francisco... Y se autorizaron pagos por al menos $ 24 millones, pero este medio comprobó y demostró que todo era un montaje que no funcionaba. Al parecer, si siguió adelante con las conexiones hasta diciembre de 2011, cuando ya en junio se sabía que el tendido era inviable. ¿Los motivos? Podría tratarse de la intención de seguir cobrando las certificaciones parciales que alguien autorizaba.
Funcionarios provinciales, directivos de Galander (IR entró en convocatoria de acreedores después de cobrar semejantes sumas de dinero) y hasta directivos de la Epec pidieron tiempo. Pasaron 75 días y todo está como entonces. Equipos colocados, sin poder conectarse entre ellos, negando el acceso a la red a los usuarios y deteriorándose por falta de mantenimiento.
