Finalmente el presidente Javier Milei sostuvo su promesa y, a pesar de la masiva Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública, el líder libertario firmó el veto del proyecto de ley que actualizaba el presupuesto destinado a las universidades públicas y que había sido aprobada en septiembre por el Congreso. A pesar de esto, el Congreso podrá insistir con la promulgación del texto legislativo si consigue una mayoría calificada de dos tercios en ambas cámaras.

Según justificó el Gobierno en el texto, el veto se lleva a cabo ya que el proyecto de ley "no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente". Milei y varios integrantes del oficialismo, además, profundizaron la estrategia de atacar las instituciones universitarias y el sistema científico nacional, difundiendo nuevamente informaciones falsas, para justificar sus políticas.

En el día de la manifestación, que también en San Francisco tuvo una buena convocatoria, el jefe de Estado dedicó una gran cantidad de tiempo al tema en sus redes sociales, donde publicó alrededor de 100 mensajes a lo largo del día con fuertes críticas a los manifestantes.

En cambio, autoridades universitarias de todo el país vienen reclamando desde hace meses por la falta de actualización de los fondos para gastos de funcionamiento y por el casi congelamiento salarial de docentes y no docentes, con atrasos del al menos un 50 por ciento respecto a la inflación acumulada.

¿Qué pasará después del veto presidencial?

A pesar de la decisión del presidente Milei, el debate no termina en el veto: el Congreso tendrá un rol clave para ratificar la Ley de Financiamiento votada. De esta manera, el texto legislativo volverá a pasar por ambas Cámaras - diputados y senadores - donde deberá ser debatido nuevamente por el cuerpo parlamentario.

La ley puede ser nuevamente impulsada si ambas Cámaras logran alcanzar una mayoría calificada de dos tercios de los votos de los miembros presentes.

Todavía no hay fecha confirmada para el nuevo debate de la ley. En caso de ser aprobada nuevamente por el Congreso, Milei estará obligado a promulgar la legislación a pesar de su voluntad de vetarla. De no conseguir los apoyos necesarios, el proyecto quedará fuera del circuito parlamentario y no podrá ser tratado nuevamente hasta las sesiones parlamentarias de 2025.

Entre otros puntos, la Ley de Financiamiento Universitario busca aumentar el presupuesto para las universidades públicas y garantizar su estabilidad, asignando el 85% de los fondos a salarios de docentes y no docentes, mientras que el 15% restante se destina a gastos de funcionamiento. También se introducen mecanismos para actualizar esos fondos para gastos y una recomposición salarial alineada con la inflación.

La advertencia de universidades

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que aglutina a las 61 universidades públicas del país, convocante de la marcha del último miércoles, emitió un comunicado tras la movilización en donde señalaron que, pese a haber pasado cinco meses desde la primera marcha, y luego de sucesivas reuniones con el Gobierno, la situación actual "es más crítica que a comienzos de año".

Y explicó que "la reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 hizo que las partidas de gastos de funcionamiento quedaran completamente desactualizadas" y las paritarias "profundizaron la pérdida del poder adquisitivo del salario".

"Como si esto no fuera suficiente, soportamos una campaña injusta, planificada e intencional, que busca, sistemáticamente, desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario para fundamentar la desjerarquización y el ahogo presupuestario", criticó el CIN. Cabe recordar que en los últimos días, desde el Ministerio de Capital Humano acusaron a las universidades de "inventar alumnos" para ampliar los cargos docentes.

"La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. La pérdida de quienes trabajamos en las universidades públicas es de una gravedad inusitada; con un porcentaje enorme de docentes y no docentes percibiendo un salario por debajo de la línea de la pobreza, cuando no de la indigencia”, cuestionaron. 

Toloza: El problema se ha agudizado 

El decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) San Francisco, Alberto Toloza, expresó su profunda preocupación por la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas, subrayando el impacto negativo que esta situación está teniendo. Por esto, se manifestó a favor de la promulgación de la Ley de Financiamiento.

En declaraciones a El Periódico Radio, Toloza subrayó que el problema del financiamiento universitario no es nuevo y se ha venido agudizando desde hace varios meses. “Todos sabemos que la universidad pública argentina viene enfrentando una situación de reclamo que arrancó hace ya varios meses", señaló. 

Uno de los puntos más críticos que mencionó el decano es la necesidad de asegurar el financiamiento para las áreas clave de las universidades, como salarios para docentes y no docentes, becas estudiantiles, insumos para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, y la infraestructura universitaria.

Toloza destacó que esta situación afecta gravemente a la capacidad de las universidades para cumplir con su misión educativa y social.