El Gobierno nacional promulgó este miércoles la ley que establece indemnizaciones para las víctimas de la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, ocurrida el 3 de noviembre de 1995, que dejó un saldo de siete muertos y más de 300 heridos.

La ley contempla solamente a quienes hay iniciado juicios contra el Estado, a cambio de que desistan de la continuidad de la acción judicial. La norma, aprobada el mes pasado por el Congreso nacional bajo el número 27.179, establece que "tendrán derecho a percibir una indemnización por sí, o a través de sus herederos, en su caso, las personas que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encontraren reclamando judicialmente los daños y perjuicios ocasionados" por aquel hecho.

Se estima que se trata de unas 11 mil personas. Unos 10 mil son partrocindas por un solo abogado, mario Ponce, y son demandas por daño moral. 

Los montos indemnizatorios serán pagados "mediante la entrega de bonos de consolidación o bonos de consolidación de deudas previsionales", y estarán exentas de gravámenes.

Según el artículo 8 de la norma, "quienes pretendan acogerse a los beneficios de la presente ley deberán desistir de toda acción y derecho que los asiste en los respectivos procesos judiciales y renunciar a entablar futuras acciones judiciales por daños y perjuicios contra el Estado nacional por el mismo hecho".

Para los herederos de las personas que fallecieron como consecuencia de la explosión tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a "la remuneración mensual de los agentes nivel A grado 0 del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional, multiplicado por 100", que alcanza el valor de 2.281.200 de pesos. En tanto, para las personas que hubieran sufrido "lesiones gravísimas", el monto indemnizatorio será el 30 por ciento menos que el establecido para las víctimas fatales, mientras que aquellos que sufrieron "heridas graves", el monto será 40 por ciento más bajo.

La escala baja hasta un 96 por ciento menos de ese valor para quie nes han demandado por daño moral o psíquico y a un 97 por ciento por reclamos de daños materiales.

Entre 1996 y 1998, el Estado pagó por vaía administrativa unos 83 millones de pesos/dólares, por doferentes daños provocados en la ciudad y zona. La ley, ahora, intenta evitar la continuidad de los miles de juicios iniciados con posterioridad.