El Colegio de Abogados de San Francisco, a través de su presidente Alberto Arrieta, se pronunció firmemente en contra del proyecto de "divorcio exprés" impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei. Esta propuesta, que busca eliminar la intervención judicial en los procesos de divorcio y convertirlos en trámites administrativos, forma parte de la llamada Ley Hojarasca. 

Arrieta subrayó que el problema más grave es que “el Gobierno no tiene en cuenta que un proceso de divorcio es un proceso judicial, no es un trámite administrativo” y consideró que, lejos de agilizar el proceso, generará más conflictos y dificultades para las partes involucradas.

El proyecto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo el divorcio en sede administrativa como una de las causales de disolución del matrimonio.

"Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica", dice la iniciativa.

Arrieta enfatizó que un divorcio no puede ser tratado como un trámite simple, ya que implica derechos y responsabilidades que solo un juez está en condiciones de regular. "Cuando la gente se puede divorciar con un trámite administrativo, aparecen los problemas. ¿Quién le explica a las partes a qué tienen derecho? ¿Quién les dice que pueden perder el derecho a la compensación económica cuando vence el plazo, o qué ocurre con las cuotas alimentarias y los bienes?", se preguntó, y agregó que la propuesta deja sin aclarar "absolutamente nada".

Según el abogado, "es grave que se permita un sistema así con mentiras, porque es mentira que va a terminar con ese acto de disolución y va a seguir con el proceso judicial".

Uno de los puntos más críticos que resaltó el presidente del Colegio es la falta de competencia de los empleados del registro civil para resolver las complejas cuestiones que surgen tras un divorcio. "Un oficial público, que es un empleado municipal, no puede resolver ni aconsejar estas cuestiones. No puede decidir sobre la separación de bienes ni sobre los derechos de los hijos", señaló. Además, desmintió que esta medida vaya a generar ahorros, ya que “la gente va a terminar yendo a la Justicia para poder resolver todas las cuestiones pendientes”. 

"Y si no van a la Justicia, eso ocurre en el 1% de los casos, ¿a quién le abaratan esto? En realidad, esto no le abarata nada a nadie", resumió.

No afecta el trabajo de abogados

El presidente del colegio local aclaró que el proyecto de Milei no le quita trabajo a los profesionales de la abogacía. “Acá no se está afectando a los abogados, porque van a terminar trabajando para poder resolver las cuestiones que dejan pendientes. Aquí se afecta el órgano jurisdiccional, porque le está diciendo a los jueces ustedes no son necesarios para esto. Y un registro civil no está en condiciones de poder decir que se disuelve un vínculo cuando en realidad se trata de una institución establecida dentro del Código Civil. Nos parece totalmente incongruente”, fundamentó.

El abogado también desestimó el argumento del Gobierno de que la intervención judicial retrasa el proceso de divorcio, afirmando que "una resolución judicial puede demorar como máximo 90 días, y en ese tiempo se regulan la totalidad de los efectos del divorcio". Según Arrieta, lo que propone el Gobierno es simplificar un trámite que no debe ser simplificado, ya que detrás de un divorcio existen efectos importantes que deben ser considerados y regulados, como quién ejerce la responsabilidad parental, quién paga la cuota alimentaria y cómo se distribuyen los bienes gananciales.

El proyecto ha sido comparado por Arrieta con intentos similares en otros países, como el caso de Perú, donde la modalidad de divorcio administrativo "prácticamente está en desuso, no sirve para nada y no lo usa nadie". 

El abogado subrayó que el Gobierno nacional está intentando adoptar un sistema que no se adapta a la realidad judicial argentina."Creo que el Gobierno por tratar de facilitarle a la gente los procedimientos en la vida cotidiana, cree que esto es algo que administrativamente lo puede resolver. Y lo grave es que no entiende que el divorcio es un proceso judicial, no es administrativo", reiteró. 

"Me parece que es un despropósito, que están muy entusiasmados con esto de la motosierra y de barrer con todo lo que está pendiente, que confunden una cuestión administrativa con una cuestión judicial", cuestionó Arrieta.

Arrieta fue categórico en que los procesos terminarán en un proceso judicial y que no perjudica a los abogados: "La actividad de los abogados va a seguir. En la gran mayoría de los casos hay cuestiones que tienen que suscitarse y que no hay acuerdo. Aún habiendo acuerdo, puede haber diferencias posteriores que siempre van a terminar dentro de un proceso judicial", explicó. 

Además, aclaró que, en la práctica, los profesionales de la abogacía suelen fomentar el acuerdo entre las partes para evitar enfrentamientos innecesarios. "Si las partes están de acuerdo y no va a haber ninguna secuela negativa para ellas, lo acuerdan, y el juez baja el martillo diciendo que aprueba. Se termina el conflicto para las dos partes. ¿Qué hay mejor que eso?", planteó.

El rechazo del Colegio de Abogados de San Francisco se alinea con las preocupaciones expresadas por diversas instituciones legales en todo el país, que advierten sobre los peligros de un proceso que pretende simplificar el divorcio y deja sin resolver las secuelas más importantes del mismo. 

Arrieta cerró su postura afirmando que, lejos de facilitar el proceso para las personas, esta propuesta del Gobierno nacional terminará no sirviendo o complicando la situación a las partes. "No va a evitar que la gente termine en un proceso judicial para definir las secuelas de un divorcio, que se llaman los efectos, como quién ejerce la responsabilidad parental, quién se hace cargo de la cuota alimentaria, cómo se adjudican los bienes gananciales, quién tiene derecho a continuar habitando la vivienda por cual período. en qué condiciones la compensación económica que le corresponde al cónyuge. Todas esas cuestiones no la resuelven el oficial del registro civil", concluyó.