Un reciente fallo de la Justicia Federal y un proyecto de reglamentación de una ley en respuesta por parte del Gobierno nacional, generaron un nuevo capítulo en la historia del reclamos de unos 10 mil riotercerenses que demandaron al Estado.

Los vecinos reclaman una indemnización por daño moral ocasionado por las explosiones registradas en Fábrica Militar en noviembre de 1995.

Los pormenores del caso

Todo deriva de la ley sancionada hace casi tres años que establece que el Gobierno está obligado a pagar las indemnizaciones en los casos en que los demandantes paralicen los juicios iniciados. 

A raíz de la demora en reglamentar esa normativa, un amparo del juez federal Carlos Ochoa, de Río Cuarto, resolvió el año pasado a favor de los vecinos reclamantes, respecto a que se tenía que concretar esa reglamentación. Pero luego hubo nuevas presentaciones del Gobierno nacional.

El nuevo revés recibido por el abogado patrocinante de los vecinos, Mario Ponce, es que el juez le hizo lugar al nuevo planteo del Estado, respecto al menos de que está proponiendo una reglamentación para esa ley aún no aplicada. 

Esa resolución nacional fue cuestionada ahora por Ponce, que expuso que el Gobierno “se sigue negando” a cumplir con ese trámite. “Ignora maliciosamente los propios actos del Estado”, argumentó el letrado. 

Es que en el nuevo proyecto, el Estado dice que pagará a quienes tenían “causa judicial vigente” dentro de los últimos seis meses, es decir, negando -explicó Ponce- el acuerdo de conciliación entre las partes, en el que convinieron cesar con las demandas. 

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Ponce también cuestionó que el proyecto de reglamentación establece que deberá pagar honorarios a peritos, "cuando la ley no lo contemplaba".

En su escrito, advirtió que “la ley de Presupuesto para el año 2018, considera la afectación de fondos y crédito presupuestario para afrontar los montos de la normativa a implementar”.

En caso de prosperar este decreto, Ponce anticipó que planteará su inconstitucionalidad. Supone que con esta modalidad casi nadie cobrará.

Desde los demandantes estiman que para los 10 mil casos el monto global a indemnizar, en bonos del Estado, superaría los mil millones de pesos.

La novedad aparece como una estrategia de dilación para postergar el pago, en similar linea a la que se ha sucedido desde hace dos décadas en esta causa.

Entre 1996 y 1999, el Estado pagó por vía administrativa resarcimientos a varios miles de riotercerenses, a las familias de las siete víctimas fatales, a heridos y por daños materiales.

Luego, se generaron unas 12 mil causas judiciales por damnificados inconformes o que no habian cobrado. Parte de esas causas, por sentencias judiciales, se fueron pagando.

Aparte, se generó uan megademanda que reúne a casi 10 mil vecinos, que reclaman por daño moral y psicológico, a través del abogado Mario Ponce y para los que se había acordado esta ley aprobada por unanimidad en el Congreso.

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Fuente: La Voz del Interior