El cuento de Netflix, el de Mercado Pago o el de tarjeta Naranja. El del Ministerio de Salud, el de Anses o incluso el del sorteo de entradas. Y la lista podría seguir con un largo etcétera, porque las variantes y modalidades que tienen los estafadores para atrapar a víctimas a través de estafas telefónicas e internet son cada vez más elaboradas y difíciles de detectar. Lo que no cambia es que todo termina con personas a las que les vacían las cuentas bancarias o les sacan elevados créditos a su nombre, sin que los bancos o empresas financieras tomen medidas más efectivas para evitar estas estafas.

Pese a la constante difusión de noticias sobre las numerosas modalidades de este tipo de delitos y las advertencias de que en ningún caso se deben dar códigos o claves ante llamados telefónicos, las estafas siguen a la orden del día y causando un enorme daño material y psicológico a sus víctimas. El centro de la cuestión apunta a la responsabilidad de las entidades bancarias o de servicios financieros, cuyos sistemas de seguridad son vulnerados con relativa facilidad y el dinero de sus clientes termina siendo robado.

Solo tomando ejemplos de las últimas semanas, en San Francisco y la zona se conocieron casos con el verso de la cuenta de Netflix, la compra en Mercado Libre y también dos vecinos que denunciaron que habían les vaciaron la cuenta bancaria y además les sacaron préstamos a su nombre, que el banco entregó gentilmente a delincuentes presuntamente sin cumplir requisitos de seguridad.

El recuento de casos de estafas demuestra que las víctimas son personas de muy variadas edades, niveles educativos e ingresos económicos. Por eso, nadie está exento de este problema y la mejor forma de no ser víctimas es justamente la prevención: no dar datos ni claves en llamadas por ningún caso y revisar bien en qué página de internet ponemos los datos de una cuenta o tarjeta de crédito, por ejemplo.

Ahora bien, si todo esto falló y la estafa se consumó, ¿qué reclamo o denuncia se puede hacer? Dos profesionales locales de la abogacía explicaron que si bien depende de cómo fue cada caso, la respuesta inicial de los bancos o entidades financieras por lo general es desestimar estos reclamos de clientes aunque posteriormente cuando se avanza con una instancia judicial en la mayoría de casos la resolución es favorable a las víctimas de la estafa. Y no solo que les devuelven el importe que les robaron sino que también pueden recibir una indemnización por daño moral y punitivo.

“En nuestro estudio, el 80 por ciento de los casos los hemos resuelto en un año y medio y con una resolución favorable al usuario. Lo que se reclamó como daño patrimonial les fue devuelto y también se negociaron otros montos por daño moral y punitivo que reciben como indemnización. Una vez que se inició el juicio puede haber un acuerdo y también después de tener una sentencia favorable en primera instancia, los bancos están acordando”, precisó Celeste Peretti, abogada especialista en derechos del consumidor.

“Los están condenando porque en primer lugar no fue el cliente el que solicitó el crédito. Y en segundo lugar, porque cuando sacan el crédito automáticamente lo reenvían a otras cuentas con las que no opera esa persona. El banco debería saber que ese cliente no trabaja con esas otras cuentas, tiene que tener alertas y darse cuenta. Es cuasi cómico que con un clic se pueda sacar un crédito”, agregó el abogado Rodrigo Picco, quien también tramita distintos casos de estafas.

Sentencias en un año

Tanto Picco como Peretti destacan que en la provincia de Córdoba las demandas ante la Justicia se resuelven con una sentencia en un plazo relativamente corto, de alrededor de un año. “Lo que hacemos en primer término es un reclamo extrajudicial al banco o al proveedor del servicio financiero. A estas cartas documento generalmente no dan respuesta. Luego se hace la parte judicial y comienza el proceso, que actualmente es el más rápido que tenemos en la provincia de Córdoba. En el plazo de un año hay una sentencia de primera instancia”, aseguró Peretti.

“En la parte civil, hay un procedimiento nuevo en Córdoba y en ocho o nueve meses tenés la primera sentencia. Hay que probar todo, pero últimamente están resolviendo siempre a favor del consumidor”, añadió Picco. 

“Hay gente que no denuncia porque depende de varios factores. Si vas a tener que pagar un crédito alto que sacó otra persona, es una cosa. Ahora, si te estafaron con 10 o 20 mil pesos, te puede parecer muy largo el trámite para recuperarlo”, consideró el abogado.

Medidas de seguridad

Ambos profesionales coinciden en que si bien las entidades bancarias han aumentado sus acciones de seguridad y dan mayor información, siguen sin ser suficientes para evitar estas estafas.

Peretti resaltó que las estafas con créditos preaprobados siguen existiendo, pero en menor medida, gracias a una resolución del Banco Central de 2021 que aumentaba las medidas de seguridad. “Pero no siempre cumplen la resolución y entonces sigue esta problemática”, indicó. 

“Las medidas de seguridad que reclamamos como usuarios son mínimas. Por ejemplo, cerciorarse de que el préstamo lo está solicitando el cliente con una llamada telefónica o haciendo que tenga que ir al banco. También podrían utilizar huella digital, reconocimiento facial o preguntas con mayor dificultad, la prueba de iris o el sistema de token. O un perfil crediticio del cliente e identificar patrones sospechosos, ¿cómo puede ser que a un jubilado con un haber mínimo o sin movimientos le otorguen préstamos tan altos?”, consideró Peretti.

“Lo primordial es hacer es la denuncia ante el banco o la entidad financiera, hacer la denuncia urgente”, concluyó Picco.

Revertir la ecuación

El problema de los delitos informáticos llegó para quedarse, lamentablemente. Los mecanismos que utilizan delincuentes se van perfeccionando y tomando distintas formas, por lo que difícilmente vayan a desparecer. Por eso es tan importante la prevención y estar informados.

¿Por qué los bancos no toman suficientes medidas? Tanto Picco como Peretti coinciden en que la ecuación económica de indemnizar a la minoría de casos que llega a instancias judiciales todavía les resulta favorable a las entidades bancarias o financieras en lugar de invertir en seguridad. La situación, entonces, podría cambiar el día que empiecen a perder dinero con estos casos. 

“Creo que la respuesta está vinculada a una ecuación económica que a ellos les sigue conviniendo. Porque tomar medidas de seguridad implica más infraestructura, más inversión, más personal abocado. A lo mejor les resulta más barato salir a pagar a los usuarios que reclaman, les es más rentable no implementar medidas de seguridad e indemnizar a los pocos usuarios que reclamen”, señaló Peretti.

La especialista destacó un fallo reciente de la Justicia en Rosario que imponía una multa de 10 millones de pesos a un banco. “Si conseguimos que la Justicia imponga esas multas esa ecuación se empieza a desestabilizar”, resumió.

En la misma línea se manifestó Picco: “El día que empiecen a perder plata, la cosa va a cambiar”.