El Senado dio media sanción en la noche de este miércoles, por 39 votos a 28, al proyecto que habilita la exteriorización de divisas no declaradas, a través de instrumentos financieros destinados a potenciar la construcción, el sector inmobiliario y el área energética, también conocido como proyecto de blanqueo de capitales. Ahora, la iniciativa deberá ser debatida por la Cámara de Diputados.

La sesión oficial comenzó a las 13.30 y participaron en forma activa más de 30 oradores a la largo de nueve horas de debate, en la que los oficialistas argumentron a favor de sumar capitales para ampliar el nivel de empleo de la economía y los opositores calificaron de "inmoral" la propuesta, en tanto deslizaron todo tipo de comentarios sobre blanqueos de dinero provenientes de "amigos del poder".

El ex jefe de gabinete Aníbal Fernández destacó que "con la exteriorización voluntaria de depósitos de moneda extranjera, en el exterior o en el país se busca dar una herramienta más que nos permita seguir en la senda del crecimiento y de la creación de empleo".

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda agregó que "se busca recuperar dinero ocioso, clandestino, al margen del mercado que están afuera y puede ser generador de nuevos negocios inmobiliarios y de infraestructura energética", al tiempo que negó que se puedan filtrar capitales de origen ilícito, porque se tomaron recaudos para que "no puedan entrar imputados por delito de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo y el control se extienda a sus cónyuges y parientes hasta segundo grado de consanguineidad".

El titular del bloque del kirchnerismo, Miguel Pichetto, afirmó que el blanqueo actual "se ha utilizado de manera idéntica en 1986 por el gobierno de Raúl Alfonsín y en 1992 por el de Carlos Menem, a pedido del ministro Domingo Cavallo".

"Hay que desmitificar la situación porque esto no incluye el dinero de la trata, del narcotráfico y de la corrupción, y no se adecua a la realidad", argumentó el legislador.

El radical Gerardo Morales expresó, en cambio, que la iniciativa de blanqueo apunta a generar "un paraíso fiscal para que se beneficien todos esos delincuentes que se han llevado cientos de miles de dólares del país", en tanto Laura Montero calificó al gobierno de disponer de un "pragmatismo cínico" y sostuvo que "en los paraísos fiscales el dinero que sobra, es dinero de origen delictivo".

Jaime Linares, del Frente Amplio Progresista, sostuvo que la propuesta oficialista "es un retroceso desde el punto de vista impositivo, es malo desde el punto de vista de la equidad", y agregó que "en algunos casos le abrimos la puerta al delito complejo". Además, sostuvo que su sanción "desnuda una crisis, un problema en el desarrollo de este económico que está en marcha".

El proyecto establece que quienes se sumen a la iniciativa podrán cambiar divisas extranjeras por bonos y no estarán obligados a revelar la procedencia ni el origen de los fondos. Autoriza al Poder Ejecutivo a emitir dos títulos públicos, uno de ellos llamado Bono Argentino de Ahorro para el  Desarrollo Económico (BAADE) y el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), y también un pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico.

Según la propuesta oficial, los fondos obtenidos en BAADE serán destinados a la financiación de proyectos de inversión en infraestructura e hidrocarburos, mientras los CEDIN, que pueden ser endosables, se considerarán medios para cancelar obligaciones en moneda norteamericana.