“Yo trabajo todos los días, pero actualmente vivo en la casa de mi madre con mis niños en una sola habitación. Necesito un hogar digno para ellos pero es imposible conseguirlo sin las garantías y con los precios que cobran”, expresa desesperado y con los ojos vidriosos Omar Luque (39).

Su caso expuso nuevamente la grave problemática de los alquileres en San Francisco, algo que no es exclusivo de esta zona sino que abarca a todo el país: el déficit habitacional. 

El hombre de 39 años es trabajador de la construcción y se acercó con mucho pesar a la Redacción de El Periódico para solicitar ayuda. La nota sobre su caso publicada en la semana provocó que muchísimas otras familias vuelvan a plantear inconvenientes en el mismo sentido y resaltaron los problemas que existen por los aumentos anuales que en algunos casos superan el 80%, además de la dificultad para obtener las garantías en las condiciones que se exigen y a la vez la poca oferta que existe en el mercado local.

Al respecto, el integrante de Inquilinos San Francisco, Gonzalo Funes, consideró: “El problema viene desde hace mucho tiempo y no solo en la ciudad, sino a nivel país. Los precios de los alquileres están elevadísimos comparado con los salarios de los trabajadores. A esto hay que sumarle la poca oferta y mucha demanda que existe”.

En este sentido, expresó que se transforma en “una odisea” que una familia pueda llegar a una vivienda digna y mucho más todavía a tener su propia casa.

Aumentos por las nubes 

Miles de inquilinos en la ciudad y todo el país padecen cada mes el impacto de la inflación. Los precios de los alquileres tuvieron un nuevo salto en febrero, pero el mayor problema es que el aumento no es escalonado, sino de una sola vez. 

El mecanismo de aumento para los inquilinos está estipulado en la Ley de Alquileres, la que establece ajustes anuales, de acuerdo a dos variables: la inflación que mide el INDEC y la de los salarios, a través del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de Trabajadores Estables).

Con el nuevo cálculo, según el índice que mes a mes informa el Banco Central, los inquilinos que firmaron contrato de alquiler en febrero de 2022 percibirán el próximo mes un aumento que rondará el 86%.

Un ejemplo: siempre según el cálculo de la ley, para un inquilino que firmó contrato en febrero 2022 y pagó $50.000, con los aumentos pagará a partir del 1 de febrero 2023 un alquiler de $92.937. En enero, el incremento de la renta para vivienda rondó el 81% y ahora trepa un 5% más.

“Si lo comparamos con el aumento que tienen los trabajadores en su salario, muy pocos llegaron a ese nivel. El trabajador recibe el aumento de forma escalonada, pero el alquiler es de una sola vez”, lamentó Funes.

“Hoy en la ciudad para alquilar una casa con dos habitaciones necesitás unos 60 mil pesos mínimo. Después tenés otro tipo de gastos como servicios, impuestos y demás”, manifestó.

Otro de los grandes escollos son las garantías que se requieren para poder avanzar con un contrato. “Cada vez son más exigentes los requisitos y se hace más difícil. Hoy muchas personas se niegan a salir de garantía, prestar un recibo de sueldo y ni que hablar de prestar la escritura de una casa para salir de garantía”, indicó.

Por último, explicó que no se trata de una guerra entre propietarios e inquilinos. “El Estado tiene que estar mucho más presente en este tema y tomar medidas para darle una solución”, sostuvo. 

La postura de los propietarios

La situación parece compleja por donde se lo mire. A partir de la nueva Ley de Alquileres muchos propietarios de inmuebles de la ciudad decidieron dejar de alquilar sus domicilios y ponerlos en venta, al considerarla como la opción más rentable.

“Hay mucha demanda y poca oferta. Recibimos entre 10 y 20 llamados por día solicitando casas para alquilar. Pero no hay”, explicó Franco Macagno, especialista en bienes inmuebles y corredor inmobiliario.

“Ya nadie quiere poner una propiedad en alquiler debido a la nueva ley. Al dueño no le sirve alquilar por el valor de la propiedad y al inquilino se le hace muy difícil los valores. El dueño prefiere venderla o hasta tenerla vacía”, agregó.

Macagno también apuntó que desde la aplicación de la nueva ley en 2020, entre 20% y 30% de los propietarios decidieron dejar de alquilar y pusieron en venta sus inmuebles.

“Lo que piden muchos propietarios es que vuelva la actualización de precios cada seis meses y no cada un año. También piden que los contratos sean de dos años a partir de la incertidumbre económica que existe”, detalló.

Por último, sostuvo que con este procedimiento, sumado a la inflación de casi el 100% anual, la situación llegó a un punto límite tanto para inquilinos, propietarios e inmobiliarias. “Tienen que cambiar la ley de alquileres de manera urgente”, enfatizó.

El debate por la Ley

Desde hace meses, el Congreso debate por cambios en la Ley de Alquileres pero nada llega a concretarse hasta el momento. Según la normativa vigente, el plazo mínimo para los contratos de alquiler de vivienda es de tres años. En los contratos el precio del alquiler se debe fijar como valor único, por períodos mensuales y solo se pueden realizar ajustes anuales.

Hasta fines de junio de 2020, antes de ser promulgada la Ley de Alquileres (27.551), el precio se definía cuando se firmaba el contrato, y ese monto total se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y, en general, se pactaba con subas semestrales.

A partir de la nueva ley, los alquileres se ajustan una vez por año con una fórmula compuesta en un 50% por la evolución de los salarios (índice Ripte) y 50% por la evolución de la inflación que mide el Indec (IPC).

Otro de los cambios de la normativa fue que el mes anticipado y el depósito de garantía que deben abonar los inquilinos no pueden ser mayores que el equivalente a un mes de alquiler, respectivamente. 

Hay que recordar que la llamada “ley de alquileres” obtuvo la media sanción en 2019 durante la presidencia de Mauricio Macri y se convirtió en ley en 2020, ya durante la gestión de Alberto Fernández, con el apoyo de diputados del Frente de Todos, Juntos por el Cambio y otras agrupaciones. Es decir, reunió un muy amplio consenso.

Desde mediados de 2022 hay proyectos para implementar distintos cambios a la ley, pero aún está pendiente de discusión en el Congreso, básicamente porque ninguna de estas propuestas reúne el apoyo suficiente para avanzar.