Algunos apuestan al diálogo para distender el conflicto. Otros alimentan la crispación para que las aguas sigan revueltas. En ese escenario de imprecisiones, de incertidumbre, de tensiones que parecen no decrecer en intensidad y de intereses encontrados, 69 adultos y 40 niños comparten el infortunio en la capilla Nuestra Señora del Milagro de Salta, en barrio Norte, de Estación Juárez Celman, desde hace cuatro días.

Ese es el refugio que les ofreció la Iglesia Católica a familias desalojadas por la fuerza pública, en la helada madrugada del viernes último, del predio de 13 hectáreas ubicado al este de la variante Juárez Celman, a unos 17 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. En muchos casos, las opciones que tenían eran ese cobijo o la inclemencia a la intemperie.

El número de asistidos surge del relevamiento que el fin de semana realizó la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC para determinar con precisión la cantidad de personas que se encuentran en el campamento improvisado en el templo de barrio Norte y cuáles son las necesidades más urgentes que se deberían abordar.

El obispo auxiliar de Córdoba, Pedro Torres, recibió una copia de ese informe. El prelado le contó a este diario que el domingo a la noche trasladaron hasta un dispensario cercano a una chiquita que presentaba un cuadro de congestión provocado por la exposición al frío de los últimos días. 

También, que en la capilla pernocta un hombre que ocupaba una casilla en el asentamiento irregular que padece diabetes e insuficiencia renal y que debería volver, lo más pronto posible, al hospital público donde se dializa de manera periódica.

“Seguimos tratando de encauzar la solidaridad. Esta mañana (por ayer) le pedimos a una señora que se fuera a descansar porque hacía dos días que ayudaba en la cocina de la capilla y estaba extenuada”, comentó el religioso. “No es lo mismo cocinar para cuatro personas que para 100”, razonó.

“Vamos a seguir ofreciendo de manera humanitaria todo lo que tenemos para que esta gente no quede a la intemperie, pero a las soluciones posibles las tienen que ofrecer los distintos organismos que tienen los recursos para darlas”, resumió el obispo.

Negociaciones trabadas

Torres insistió con que “el diálogo es el único camino para superar esta situación”, y consideró que “tarde o temprano las partes tendrán que sentarse a dialogar para encontrar la salida”. No obstante ello, lamentó que pese a la existencia de voluntad de diálogo, “hay quienes apuestan a la irritación”.

Para Joaquín González, abogado de las familias desplazadas, “el diálogo está muy trabado porque el Gobierno niega los hechos y no ofrece una solución de fondo” al problema. El abogado asegura que “la gente no rechaza la ayuda económica del Gobierno (unos 42 mil pesos por familia), sino que pide que esa plata se utilice para buscar una solución de fondo y colectiva”.

La aspiración de los desalojados es conseguir terrenos propios para asentarse de manera legal y, luego, con créditos blandos o subsidios, construir sus viviendas, precisó el letrado.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Sergio Hugo Tocalli, dijo a La Voz que integrantes de 12 familias desalojadas el viernes último en Estación Juárez Celman se presentaron ayer a la mañana en el Pablo Pizzurno para interiorizarse sobre la ayuda que se les prometió para afrontar la situación derivada del desplazamiento forzado que ejecutó la Policía desde la madrugada de aquel día (el más frío del año), en cumplimiento de una orden judicial.

El funcionario se mostró optimista acerca de que en el transcurso de la semana la cantidad de personas afectadas por el desalojo, que se trasladarán hasta Vélez Sársfield 2311 para informarse sobre la asistencia que se les ofrece, irá en aumento.

Tocalli insistió en que el número de familias asentadas en los terrenos privados en disputa de Juárez Celman, que efectivamente ocupaban casillas precarias al momento del desplazamiento, asciende a unas 40.

En cambio, para los referentes de la cooperativa de barrio Esperanza, son alrededor de 120.

La intendenta de Estación Juárez Celman, Myrian Prunotto, dice que “la situación sigue igual”. La mandataria vecinal lo atribuyó a “la intransigencia de los dirigentes de organizaciones políticas que tomaron a estas personas como rehenes y se manejan con absoluta irresponsabilidad”.

“No quieren dialogar e intervienen para que nadie pueda llegar a hablar con quienes realmente viven en el asentamiento y que no son más de 40 familias”, concluyó. El predio del conflicto es propiedad de Urbanor SA y estaba ocupado desde hacía cuatro años.

En diciembre de 2017, quedaron firmes el fallo y la orden de desalojo por parte del Tribunal Superior de Justicia. La medida debía ejecutarse el 24 de febrero último. Sin embargo, un día antes el Gobierno provincial pidió una prórroga a la Justicia. Lo mismo ocurrió el 15 de marzo y el 27 de abril.

Finalmente, el desalojo se hizo el viernes de la semana pasada, con una actuación policial que fue objeto de duras críticas por parte de distintos sectores sociales y políticos.

Fuente: La Voz del Interior