La Municipalidad de San Miguel de Tucumán puso en vigencia una resolución que establece que quienes acceden a la licencia de conductor de “motos o motocicletas o a la renovación de este documento”, previamente, deberán presentar el certificado de buena conducta de la Policía de la provincia, como “requisito esencial”.

Enrique Romero, subsecretario de Tránsito y Transporte Operativo de la capital tucumana, reconoció que la nueva disposición vial genera discusión, pero aseguró que el objetivo de la medida es “limitar al motochorro o al rompevidrio y ser una barrera de contención contra la inseguridad”, teniendo en cuenta “el incremento de los hechos delictivos”. En esa línea, remarcó: “Hasta que un juez no declare la ilegalidad, la inconstitucionalidad, seguiremos aplicando la norma”.

“El motochorro no tiene ningún impedimento para sacar una licencia de conducir hoy. La solicita y se va. Cuando atraviesa un control de la Policía u otra fuerza de seguridad, lo hace porque sabe que lleva el carnet. Pero sin la licencia de conducir, quedará expuesto en el control”, explicó.

En los fundamentos, la disposición fija que “no se puede otorgar la licencia de conductor a quien tenga antecedentes penales relacionados con delitos con automotores, en circulación, contra la integridad de las personas o que, a criterio de la autoridad concedente, pudiera resultar peligroso para la integridad física y moral de los menores; a quienes han hecho del delito de robo a través de la moto un arte, oficio o profesión”.

Aquellos que ya tengan su carnet de manejo, la Municipalidad solicitará a la Policía informes. En caso de tener antecedentes, serán convocados a actualizar la licencia. “Analizaremos las causas de manera particular, de acuerdo a cada solicitante. Vamos a pedir la copia de la causa de la persona que tenga antecedentes”, remarcó.

Críticas

La normativa fue cuestionada por distintos abogados. “Estamos ante un criterio discriminador e inconstitucional. Hay ciudadanos que pueden tener causas penales, pero no han sido sentenciados y por eso no podrán acceder a la documentación que les permita cumplimentar con el trámite. Estas no son políticas acertadas para evitar o reducir este tipo de delito”, explicó José del Río, quien agregó: “Dictar una norma de ese calibre implicaría perjudicar indirectamente al ciudadano que se encuentra atravesando ocasionalmente un conflicto a veces único y menor con la Justicia".

“Me pregunto si las autoridades saben que normalmente los ladrones no llevan encima ninguna documentación para que no se los pueda identificar. Por eso creo que esta idea es un nuevo parche pensado para la tribuna y con el que pretende luchar contra ese delito”, explicó Álvaro Zelarayán, un abogado penalista que cuestionó la iniciativa.

Patricio Char, en tanto, señaló: “Se busca el camino más fácil. Esto será una traba para las personas que son procesadas porque tampoco se les otorga ese certificado. Es importante que las autoridades municipales sepan que el principio de inocencia rige en todo los ámbitos y se los debe respetar. Pero hay otro detalle: una persona que cometió un delito, que cumplió su condena y quiere reinsertarse a la sociedad, ¿jamás podrá acceder una moto para ir a trabajar?". 

Fuente: La Gaceta Tucumán.