El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo para reintegrar el 15 por ciento del IVA por compras realizadas a través de tarjeta débito a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales hasta un tope de 300 pesos al mes. La ventaja será percibida por alrededor de 9,2 millones de personas.

El acompañamiento del bloque del PJ-Frente para la Victoria y de Compromiso Federal a la medida –votada por los 61 senadores presentes en el recinto– fue realizada con la advertencia de que la medida puede “ser motivo de controversia judicial”, dijo el senador Miguel Ángel Pichetto (FPV-PJ), si los recursos para compensar la retracción de ingresos por IVA no salen de la Nación. O sea, sólo la Nación (no las provincias, que reciben parte del IVA por coparticipación) deberá afrontar el costo fiscal del beneficio.

Pichetto, presidente del bloque del PJ-FPV, adelantó que presentará un proyecto “para clarificar” la posición y recordó: “Venimos de una sentencia (de la Corte Suprema) que ha sido categórica de modo que una ley del Congreso no puede afectar la coparticipación y una ley convenio”.

En qué consiste

La nueva ley implica devolver el 15 por ciento de los montos gastados con tarjeta de débito o crédito. La devolución tiene un tope mensual de 300 pesos, que representa el valor estimado del IVA que se paga al cuando se compra una canasta básica de alrededor de 2.000 pesos.

A quién beneficia

Alcanza a jubilados y pensionados nacionales y a todos los beneficiarios de planes sociales que se pagan con tarjeta de débito, como los que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.

¿Se actualiza por inflación?

Sí. El proyecto aprobado establece que el tope de 300 pesos se va a modificar todos los meses de enero y julio, según la variación de la canasta básica de alimentos que vaya publicando el Indec, que en este mes difundirá el primer índice de precios minoristas tras la asunción de Mauricio Macri y la declaración de la “emergencia estadística”.

¿Cuánto costará al Estado?

Las estimaciones varían. Según el Gobierno, se dejará de recaudar (técnicamente, se devolverá en impuestos) unos 22.000 millones de pesos a valores de hoy, anualizados. Legisladores del FPV calculan un costo fiscal mayor, de 30 mil millones.

En otro orden, el director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, firmaron un acuerdo de cooperación para acelerar la tramitación de procesos judiciales” en los que el ente previsional es parte.