En la última carta de intención que firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino se comprometió a evaluar en 2019 una reforma “muy necesaria” del sistema de pensiones y pide asistencia técnica del organismo para corregir la contabilización de activos mantenidos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La decisión forma parte del último acuerdo con el Fondo, cuyos detalles fueron dados a conocer en los últimos días.

“La contabilización de los ingresos por activos mantenidos por el FGS como resultado de la nacionalización del sistema de fondos de pensión en 2008 implica una cuestión metodológica compleja”, sostiene. También confirma que utilizará el capital del FGS para compensar el pago del flujo futuro de haberes de jubilados y pensionados. 

“En el próximo año, continuaremos trabajando conjuntamente con el personal del FMI y los actores domésticos para identificar reformas duraderas y de alta calidad”, detalla la carta de intención entre el Gobierno y el Fondo que se conoció ayer.

Entre las reformas que enumera, se destaca “comenzar a evaluar una reforma del sistema de pensiones muy necesaria”, con el objetivo de “fortalecer la posición fiscal”.

Los cambios

Para algunos analistas, vuelve a cobrar fuerza la privatización del sistema previsional, es decir, la vuelta de las AFJP. Otros aseguran que la exigencia del FMI es subir la edad jubilatoria, como ocurrió en Grecia.

El ex director del FMI Claudio Loser opinó que “a los jubilados no los van a tocar, pero probablemente se discuta aumentar la edad de retiro para mejorar la situación”.

En 2017, el Gobierno de Argentina avanzó con la modificación de la edad jubilatoria -actualmente de 65 años para el hombre y 60 para la mujer-, pese a que no pudo hacerla obligatoria, estableció ampliarla a 70 y 65 respectivamente de manera optativa. 

"Lo que subyace es una intención de correr la edad jubilatoria porque el FMI lo que le sugiere al Gobierno para generar un ahorro, es que la jubilación de la mujer tiene que pasar a los 65 años. Para la del hombre no sugieren un cambio, pero puede ser que el Gobierno proponga una modificación paulatina a los 67 años", afirmó la abogada previsional Andrea Falcone.

En caso de concretarse sería la segunda reforma previsional de la gestión Cambiemos. En Grecia, que atravesó una crisis similar a la Argentina y fue asistida por el FMI, la edad jubilatoria ascendió a los 67 años.

Fondo de activos

El otro punto de conflicto es la liquidación de los activos del FGS que quedaron en manos del Estado luego de que estatizarán los activos en poder de los bancos detrás de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). “Mientras que el presupuesto reportó un aumento inmediato en el gasto de pensiones después de 2008, nunca informó los ingresos (contribuciones) capitalizados en los activos de pensiones nacionalizados en 2008”, advierte la carta firmada por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

“Las autoridades y el staff del FMI acordaron una misión de asistencia técnica del FMI para fines de junio de 2019 que recopilará la información necesaria y asesorará a las autoridades sobre el registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en las Manual de Estadísticas Públicas del FMI”, advierte. 

En el caso que la misión recomendara cambios en la medición del balance presupuestario, se analizarían medidas de política adicionales para alcanzar las metas fiscales acordados en el marco del programa apoyado por el FMI.

“Por el momento, el valor de los activos de los fondos de pensiones transferidos en 2008 se distribuirá a lo largo del tiempo como ingresos para compensar parcialmente el gasto futuro en pensiones”, aclara el Gobierno. Tal como se había anticipado, el monto del fondo de garantía de los jubilados se rematará dividiendo el stock por el equivalente a 20 años de la “expectativa de vida promedio de los contribuyentes”. “El límite en el importe a reconocer como ingresos será de 0,4 por ciento del PIB por año”, aclara el organismo.

Con información de Agencias y Página 12.