Este jueves, en el marco de una diplomatura en Marketing Digital que se viene dictando en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional San Francisco visitó nuestra ciudad Marcelo Temperini, abogado especializado en Derecho Informático y técnico analista de seguridad y vulnerabilidad de redes de información en una empresa estadounidense.

En ese contexto, el abogado dialogó con El Periódico y comentó cómo está Argentina en cuanto a legislación sobre delitos informáticos.

Contó que en Argentina existen distintos tipos de normativas. “A partir de 2008 tenemos la ley 26388 que modificó el Código Penal para que algunas conductas que ya eran delito en nuestro país se adapten a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, antes de 2008 era un delito que yo intervenga un correo epistolar tuyo pero no lo era que yo accediera a tu correo electrónico”, explicó y aclaró que en Derecho Penal no se puede condenar por analogía sino que la conducta tiene que estar expresamente prevista.

Convenio internacional

Además, comentó que Argentina suscribió este año al Convenio de Cibercrimen de Budapest, uno de los más importantes a nivel internacional, que busca hacer frente a los delitos informáticos mediante la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones.

“Creo que ha dado un impulso importante, sobre todo porque la deuda más importante que tenemos como país en materia legislativa es la regulación en el ámbito procesal penal. Implica que la Justicia siga utilizando reglas de la investigación clásica para poder investigar delitos donde intervengan las nuevas tecnologías”, detalló Temperini.

A su vez, el abogado recordó que este mes se aprobó por el Senado de la nación una modificación en el Código Penal de la Nación. “Lo que sucede es que como somos un país federal, cada provincia debería hacer lo propio con sus códigos procesales penales”, agregó.

Por otro lado, comentó el especialista, existe una regulación “muy importante” en la protección de datos personales, que es la ley 25326. “Creo que es una normativa muy buena, que lamentablemente se aplica poco. En este sentido como país nos debemos más información, que la gente se informe más, quizá que el Estado brinde más capacitación. La gente tiene que saber que la normativa existe. A veces existe una fantasía de que en internet vale todo, de que no hay derechos, de que cualquier persona puede decir cualquier cosa. E Internet no deja de ser un medio de comunicación más”.

Denuncias

El especialista comentó que la provincia de Córdoba es una de las que viene trabajando en la materia desde hace años.

Y que en Argentina “hay un montón de denuncias”. “Hay un montón de delitos que han sido adecuadamente investigados y condenados. Lo que sucede es que se conocen poco, quizá haga falta más exposición”, finalizó.

Delitos informáticos

En lo que tiene que ver con los delitos informáticos, Temperini aclaró que: “Es una categoría que en realidad no existe, no está en una sección del código penal, son delitos, que en algunos casos se cometen a través de las nuevas tecnologías. Los delitos siempre existieron, las tecnologías complejizan el problema”.

“Como ‘delitos informáticos’ si se quiere –dijo- existe el acceso indebido a un sistema de datos restringido los artículos 153 o 153 bis, la gente lo considera como el hacking”.

Otro delito, comentó, es el cracking, que no solo implica el acceso sino también la modificación de datos. “Es cuando alguien suprime datos, los altera, los borra sin permiso”, manifestó.

También, dijo, la denegación de servicios, que implica que una persona realiza una tarea para obstaculizar la prestación de ese servicio.

Observatorio de delitos informáticos de Latinoamérica

Temperini es miembro del Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, una entidad nace a partir de la necesidad de dar a conocer el problema de la “cifra negra” de los delitos informáticos, buscando informar a la sociedad sobre la legislación vigente en la materia y fomentando la realización de denuncias formales ante los organismos competentes.

A partir del organismo, anunció el abogado, se detectó que 8 de cada 10 delitos que ocurren con las nuevas tecnologías no se denuncian.