Córdoba: imputan a la dueña de un geriátrico por maltratos
Está acusada de lesiones leves continuadas contra una mujer que estaba internada. En los audios, en poder de la justicia, se escuchan insultos y golpes.
La fiscalia de Río Cuarto imputó a Claudia Ochoa, dueña del Hogar Santa Lucía, un geriátrico de la localidad cordobesa de Laguna Larga, porlesiones leves continuadas en perjuicio de Patricia Ferra, una mujer de 58 años con retraso madurativo que falleció en ese lugar en febrero de este año.
Dos audios fueron claves en la investigación que se le sigue a la dueña. “¿Por qué gritás tanto?, "Dormite de una vez, la puta m…", "Vas a volver locos a estos pobres viejos", "Dejá de gritar como una tarada”. "Y encima ni la toma a la pastilla la hija de p... esta". Son algunos de los insultos que se pueden escuchar en uno de los audios en poder de la justicia.
En otro, Ferra parece recibir algunos golpes. Eso está tratando de probar la fiscalía de Río Segundo, a cargo de la instructora Patricia Baulies.
Las pruebas hasta ahora descartan la posibilidad de una muerte violenta. Ferra habría fallecido de manera natural.
Sin embargo los familiares de la mujer pretenden que se exhume el cuerpo de Patricia y se le realice una autopsia para determinar la causa de la muerte.
Según se desprende del expediente, Ferra tendría una enfermedad que hace que cualquier roce le quede marcado e incluso le aparezcan manchas azuladas en el cuerpo, debido a un problema en la sangre.
El caso
Los audios llegaron a familiares de la mujer de casualidad. El 24 de marzo Ramón Ferra, hermano de Patricia, compró un celular usado a una chica que trabaja en ese geriátrico.
En el celular quedó almacenada una carpeta con una serie de audios. Cuando el hombre los escuchó se encontró con un panorama escalofriante: revelan el maltrato que su hermana sufrió dentro de las instalaciones del geriátrico Santa Lucía.
Laguna Larga. Donde ocurrió el hecho (La Voz).
Los audios van desde gritos hasta agresiones verbales contra Patricia. Por esa razón, los familiares llevaron el caso a la Justicia en marzo de este año, a los pocos días del fallecimiento de la mujer.
Indignados por la situación, realizaron varias marchas y consiguieron que la dueña cerrara el geriátrico, en el que estaban internadas unas ocho personas. Todas debieron ser reubicadas.
Unos días después se supo que el hogar funcionaba sin habilitación. Esto fue confirmado por Pablo Lábaque, director del Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud (Rugepresa).
