La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, y pidió medidas de prueba para determinar si cometió "violación de deberes" y "retardo de justicia" al emitir un dictamen donde descartó faltas "éticas" en el accionar del presidente Mauricio Macri en la causa Correo.

Ochoa pidió medidas de prueba a la jueza del caso, María Servini, y consideró al impulsar la pesquisa que "resulta imputada Laura Alonso", aunque "con el devenir de la investigación" podría ampliarse la investigación a otros funcionarios.

 La denuncia fue presentada por los diputados del Frente Renovador Cecilia Moreau, Graciela Camaño y Alejandro Grandinetti, a raíz de la resolución 2018-24, que concluyó que no hubo faltas éticas en el accionar del presidente, el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y Juan Carlos Mocoroa, ex director de Asuntos Jurídicos de esa cartera.

Se trata de un expediente comercial por la deuda que el Correo Argentino (empresa de Macri) tiene con el Estado por originalmente $296 millones en 2001 al no pagar el canon por la privatización. El gobierno acordó con la compañía el pago de la deuda. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, se opuso y pidió rechazarlo por "abusivo y perjudicial" para el Estado porque implicaba una quita del 98,2 por ciento.

La Rosada desechó luego la oferta.

La denuncia

Camaño, Grandinetti y Moreau sostienen que ni Laura Alonso ni la Oficina Anticorrupción aseguran en la denuncia que una persona que sostiene que “está enamorada del Presidente” no es la más apta para controlar el accionar del mandatario. Pero, además, señalaron que “Alonso no podría bajo ningún punto de vista estar al mando de dicha Oficina toda vez que, al tener una relación cercana con el Sr. Macri, resulta ilógico e increíble que sea ella quien debe llevar adelante investigaciones que involucren al mencionado precedentemente”.

Agregan que ella le debe el cargo porque Macri firmó un decreto adecuando las condiciones que se requerían para encabezar la OA, para posibilitar la asunción de Alonso: antes era imprescindible ser abogado y la funcionaria no lo es.

“Alonso ha demostrado no estar a la altura profesional, ética y moral para ser la titular de la Oficina Anticorrupción –dice la denuncia de los diputados–, dado que siempre sus investigaciones son posteriores a las denuncias penales, cuando el objetivo principal de la oficina que dirige debe ser iniciar investigaciones previas tendientes a despejar todo tipo de duda”, concluyeron

“Otra muestra evidente de su intencional mal desempeño es que la licenciada se ha presentado como parte querellante en todas las causas en las que los imputados no forman parte del gobierno del señor Macri y no lo ha hecho en las que los investigados son los funcionarios del gobierno de turno”, concluyeron los legisladores.

Con información de Agencias y Página 12.