Mientras dos móviles de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detenían al financista Ariel Cortez, el martes último al mediodía, en el bulevar Roca de Río Cuarto, se realizaban otros cuatro allanamientos en la ciudad por el narcoescándalo.

Según se confirmó desde el Juzgado federal, tres procedimientos se ejecutaron en domicilios de policías de la Provincia, excolaboradores del exjefe de Investigaciones Gustavo Oyarzábal, detenido en febrero e imputado como parte de la organización de narcolavado.

En principio, ninguno de los policías allanados fue imputado. Uno de los domicilios pertenecería a una mujer.

Se presume que en estas viviendas se buscaban pruebas para cerrar algunas líneas de investigación relacionadas con el accionar del jefe policial.

El quinto sitio allanado es otra propiedad de Cortez. Desde el ministerio de Seguridad de la Nación, se confirmó ayer que al financista le secuestraron casi un millón de pesos, dos vehículos (uno de alta gama), bicicletas, televisores y documentación. Sigue detenido e incomunicado. Aún no se conoce su imputación. Pero es considerado un presunto “miembro clave” de la organización de narcotráfico y lavado de activos.

El juez Carlos Arturo Ochoa ya tiene 27 personas imputadas y 17 detenidos en la causa. Hay dos prófugos. Uno de ellos tendría un estrecho vínculo con Cortez.

Sobre los dichos de la diputada nacional Elisa Carrió, quien el martes se refirió a supuestas “amenazas del poder político” contra el juez Ochoa, la secretaria Penal Lucía Storani se limitó a expresar que “todas las amenazas recibidas fueron anónimas”.

La causa

La investigación de esta presunta banda de narcolavado se inició en 2014, aunque recién en 2016 comenzó a participar la PSA. El 16 de enero último, cuando acribillaron a balazos al llamado “zar de la droga” Claudio Torres, en barrio Fénix, el Juzgado federal avanzó con más de un centenar de allanamientos y con 14 detenciones.

La causa derivó en un narcoescándalo cuando en febrero fue detenido Oyarzábal, quien está sospechado de haberle facilitado protección a la organización. Poco después, fue descabezada y renovada la cúpula de la Departamental Río Cuarto de Policía.

Actualmente, el juez trabaja en una resolución. Se sabe que ha pedido colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y a personal de la División Lavado de Activos de la Policía Federal.

Versiones dan cuenta de que, en los últimos días, habrían sido citados a declarar ante el juzgado los primeros policías que llegaron al lugar del crimen de Torres.

Siempre hubo dudas en torno de por qué el entonces jefe de Investigaciones Oyarzábal no secuestró los teléfonos de Torres ni el Audi TT en el que acababa de llegar desde Buenos Aires, junto con Gabriel Bossi, quien está detenido. Según la investigación, Torres habría encabezado la organización narco junto con los hermanos Rivarola (detenidos) y un prófugo.

El fiscal que estaba de turno, Daniel Miralles, dijo que recién le avisaron de la balacera a Torres a las 9 del día siguiente.

Fuente: La Voz del Interior