La intervención de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf) fue cuestionada en este caso, señalando una presunta inacción ante la situación que vivían los menores, que según el fiscal Oscar Gieco, en base a testimonios de vecinos, incluía abandono y maltratos, a lo que resta confirmar si se agregan abusos sexuales.

Por el momento, se conoció que la titular de la Senaf, Julia Reartes, ordenó una investigación interna para establecer cómo fue la actuación de quienes trabajaron en el organismo con respecto a la situación familiar en este caso de Brinkmann.

Las críticas al organismo por esta presunta falta de acción y seguimiento fueron numerosas y pone en entredicho su tarea, en la búsqueda de responsabilidades.

Sin embargo, fuentes cercanas al caso también defendieron el trabajo que realizaron y aseguraron a El Periódico que este organismo no había recibido ningún pedido de intervención por Aralí y uno de sus hermanos que son hijos del mismo padre (Vivas), sino solo por otros tres que su mamá Rocío tuvo con Simeone, el último de escasos meses. Y resaltaron que también intervinieron muchos otros organismos, sin que lamentablemente tuvieran advertencias de situaciones de violencia o maltrato hacia los pequeños.

Desde la Fiscalía confirmaron también que la intervención de la Senaf había sido solo por esos tres hermanos, de apellido Simeone, y que los mismos habían sido retirados de la custodia de sus padres tiempo atrás y reubicados con familiares y otros cuidadores cercanos, y que la restitución se había dado en agosto pasado por pedido de sus padres y el deseo de los propios niños, lo que contempla la ley. Pero que mientras tanto Aralí como su hermanito Vivas habían quedado al cuidado de su familia paterna.

Con la restitución de los hermanitos Simeone a sus padres, los dos hermanitos Vivas regresaron a la misma vivienda, ya que sobre ellos la Senaf no había recibido pedido de intervención ni había impedimento alguno, aclaran.

Entre otros puntos, las fuentes que conocen el trabajo realizado con esta familia aseguran que los recursos humanos en personal de la Senaf son escasos, pero que igualmente realizaron un seguimiento importante de estos menores y de su madre, a la que acompañaron permanentemente en toda su etapa de embarazo reciente; y que también el equipo local municipal continuó con un seguimiento constante del grupo familiar.

Asimismo, las mismas fuentes señalaron que el pedido de restitución a sus padres de los tres menores con los que sí intervino la Senaf y organismos municipales fue avalado por informes que decían que su madre había finalizado una etapa de un tratamiento contra sus adicciones y su padre había llevado a cabo tratamiento psicológico. Y remarcaron que no había informes ni comentarios sobre violencia o descuido ni en los niños Simeone ni Vivas, sino un problema de adicciones de su madre y violencia en el caso del padre hacia la mujer. 

Quien decide la restitución finalmente no es la Senaf, sino la Justicia (la de Morteros en este caso), que puede apoyarse en el aval de esta secretaría especializada, que efectivamente sí había sido dado porque, aseguran también, los informes sobre los tratamientos de los padres y el seguimiento municipal que se había hecho de estos menores eran favorables. 

Así, la Justicia ratificó que los progenitores estaban aptos para tener la custodia, ya que iban a la escuela regularmente, tenían los controles médicos y los informes favorables también de la Red Asistencial en adicciones, según la explicación de quienes defienden la tarea de la Senaf en este caso.

“Hubo una reunión esta semana con todos los organismos intervinientes y ninguno expuso que tuviera conocimientos de problemas de violencia, malos tratos, descuidos o que no se respetaran los derechos de los menores. Ningún informe señala eso. Tampoco de la escuela ni del club de fútbol donde jugaba Aralí, ni de ningún vecino”, confió la misma fuente.

Y remarcaron que, lamentablemente y pese a todos los esfuerzos, los hechos resultaron trágicos para Aralí, pero que también la Senaf interviene en muchos otros casos de contextos muy complejos con buenos resultados.

Así, aseguraron que, pese a los dichos de vecinos y del fiscal sobre que los pequeños estaban desatendidos, no habían recibido comentarios, ni informes ni denuncias al respecto. “La Senaf trabajan en el marco de la ley, no había situaciones de violencia hacia los menores, sino de adicciones de su madre”, concluyeron.