En una sesión extensa e interrumpida, el oficialismo logró anoche la aprobación del proyecto del Ejecutivo provincial que establece una nueva ley de seguridad pública y seguridad ciudadana.

Tras dos días de debate en comisión, con la participación de expertos en seguridad, el PJ había conseguido llegar a la previa de la sesión con los 33 votos propios, y sumar algunos apoyos del radicalismo, del PRO, y de los “aliados” de los monobloques, como Karina Bruno, ex Juntos por el Cambio; Federico Alesandri (Creo en Córdoba); y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).

Sin embargo, la incorporación sobre la hora de un proyecto del Ejecutivo para aumentar los aportes de los agentes estatales tensionó el clima legislativo.

Esto derivó en que no participaran de la sesión el interbloque de Juntos por el Cambio y las bancadas de Encuentro Vecinal y de la izquierda.

Así, el PJ aprobó por mayoría una nueva ley de seguridad con menos votos de los esperados. Contó con los 33 parlamentarios de Hacemos Unidos por Córdoba y los legisladores “aliados” de la oposición Bruno, Alesandri y Spaccesi.

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Cuerpos municipales 

Entre los principales puntos aprobados se estableció la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, el que tendrá en sus funciones “proponer programas de capacitación de los integrantes de las fuerzas provinciales de seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada”.

Estas nuevas guardias de prevención formarán parte también de una herramienta que tendrán los municipios y comunales, siempre que decidan adherir a la normativa. Tendrán como finalidad “contribuir en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliares de la Policía de la provincia de Córdoba”.

Estas guardias podrán, además, trabajar en acciones para “disuadir, prevenir y hacer cesar la comisión de todo tipo de faltas, infracciones o contravenciones provinciales, municipales o comunales, y servir de auxiliares a la Policía”.

A partir de la aprobación de la norma, la Municipalidad de San Francisco podrá lanzar a la calle a su flamante Cuerpo de Prevención Urbana.

En la misma normativa se dejó plasmado también que el Poder Ejecutivo podrá proveer a los municipios que adhieran “vehículos equipados para tareas de vigilancia y patrullaje, así como armamento menos letal para el uso de los agentes locales, y asistencia técnica”.

Previo a esto, cada municipio podrá organizar su guardia y designar un funcionario responsable.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Dentro de los cambios en seguridad se dará también la posibilidad que los prestadores de servicios de seguridad privada y los establecimientos que dispongan de cámaras de video vigilancia, instalados en espacios privados de acceso público que capten imágenes, deban “poner a disposición de la autoridad el contenido almacenado en sus sistemas tecnológicos”.

Otra de las novedades consensuadas fue también establecer como obligatorio para los funcionarios públicos y asesores la presentación anual ante el Ministerio de Salud de un certificado negativo, el que deberá estar expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

Otro de los puntos es el programa de desarme: será través de un plan en el que los vecinos recibirán un pago por cada arma que entreguen. 

Las empresas privadas de seguridad se incorporarán al sistema provincial, permitiendo que su personal utilice armas no letales. 

El Ministerio de Seguridad toma la facultad de modificar la estructura policial y penitenciaria.