Luego de que el Gobierno de Córdoba resolviera dejar sin efecto a partir del próximo lunes 17 de enero la obligación de aislamiento laboral de los contactos estrechos asintomáticos y con esquema de vacunación completo, lo que también hizo el Gobierno nacional, desde la CGT Regional Córdoba cuestionaron la decisión al considerar que puede "multiplicar los inconvenientes" y plantearon dudas sobre el cumplimiento de los protocolos necesarios por parte de las empresas. 

La secretaria general adjunta de la organización y titular de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, Ilda Bustos, señaló que "existe por parte de las empresas una intención de optimización de ganancias y la salud pasa a un segundo plano" y criticó la medida tomada por la Provincia y la Nación.

Según Bustos, decidieron "apresuradamente por imposición del sector económico concentrado" y los "trabajadores son la variable" de ajuste.

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En diálogo con el programa "Es por Acá", Radio Universidad AM 580, la dirigente aseguró que "no está garantizado" que el sector patronal cumpla con la obligación de brindar medidas de protección adecuada a sus trabajadores (los barbijos KN95) ni que afronte los costos de la realización de los autotest.

"Tenemos todas las dudas sobre cómo será la implementación de esta medida" dijo Bustos, y agregó que "ni la Unión Industrial Argentina, ni la de Córdoba, han dicho expresamente que vayan a asegurar" esas medidas. Advirtió también que no hubo "ningún mecanismo de consulta y consenso, ni de establecer una pauta común frente al reclamo empresario".

"Estamos complicados porque se siguió un criterio económico, no de salud pública", al tiempo que aseveró que hay un sin fin de inconvenientes que con esta medida se van a multiplicar", resumió.

Con información de CBA24n.