La Fiscalía Federal de Rafaela solicitó la elevación a juicio del caso donde un hombre fue detenido en diciembre pasado cuando se desbarató un “kiosco” de venta de drogas en su casa. 

La requisitoria fue realizada por el fiscal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Rafaela, Jorge Gustavo Onel. 

El hecho adquirió gran notoriedad puesto que fue el mayor decomiso de drogas de esa jurisdicción. Se secuestraron 18 kilos de marihuana y dos kilos de cocaína fraccionados y listos para su comercialización.

Investigación

El caso tuvo origen el 1 de septiembre pasado a partir de un informe de la Comisaría Seccional N° 13 de la Unidad Regional V° de la Policía de la provincia de Santa Fe, acerca de varios domicilios posiblemente involucrados en la comercialización de estupefacientes, entre ellos el del imputado. 

En el marco de la investigación, se ordenó la realización de tareas de inteligencia criminal a la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Rafaela” de la Gendarmería Nacional Argentina, cuyos agentes constataron la identidad del denunciado.

Se logró determinar que el acusado se dedicaba a venta de drogas en un “kiosco” ubicado en su domicilio particular. El secuestro y la detención del imputado fueron realizados el 17 de diciembre pasado.

Mayor incautación

Al momento del operativo, se encontraron en el lugar 12,884 kilos de marihuana distribuidos en once paquetes regulares, sesenta envoltorios para su venta al menudeo, y también un frasco. 

Los 2,832 kilos de cocaína estaban fraccionados en cuatro bolsas de nylon, un paquete rectangular y 180 envoltorios de nylon. En el lugar había dos balanzas digitales con vestigios de cocaína, cinco teléfonos celulares y 1,4 millón de pesos en efectivo, entre otros elementos.

También fueron encontradas tres armas y municiones, que fueron remitidas a la justicia provincial para su juzgamiento en otra causa judicial. 

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio presentado por Onel, todos estos elementos “llevan a concluir que el imputado conocía la ilicitud del material, tenía voluntad de detentarlo, y que el mismo estaba destinado a su comercialización”.