Una pareja de comerciantes bolivianos, pero que se encontraban nacionalizados argentinos, fue procesada el jueves por el delito de trata de persona y migratorios. Además, la Justicia federal procesó también a una mujer argentina que trabajaba con ellos en carácter de partícipe.

La causa que se investiga es trata de persona y explotación laboral cuya víctima es una joven de 18 años, de nacionalidad boliviana, que llegó al país con la promesa de tener un trabajo estable, sin embargo, desde su arribo su vida fue un calvario.

Según la investigación, la mujer trabajó primero en un negocio de la ciudad de Villa María perteneciente a la pareja procesada y luego recaló en San Francisco para cumplir tareas en el local comercial de venta de indumentaria "Modas Andrea", ubicado en bulevar 25 de Mayo 2735, también de la misma gente que la contrató.

En nuestra ciudad ya no contaba con su documento nacional de identidad, el que le fue retenido. Tampoco le cumplieron con el salario prometido y sus condiciones de trabajo y vida eran precarias. Incluso, dormía en el piso del negocio, lo que fue detectado por un agente de la Departamental San Justo, quien alertó a sus superiores sobre dicha situación.

El juez federal Pablo Montesi explico a El Periódico que se dieron bastantes presupuestos de trata de persona, junto al aprovechamiento de la condición o situación de vulnerabilidad de esta joven sometida”.

Cabe recordar que el 13 de junio último efectivos de Policía Federal allanaron el local sanfrancisqueño donde detectaron las condiciones en que trabajaba y vivía la joven. Sin embargo, esta fue rescatada en la ciudad de Villa María la noche anterior, adonde había viajado por pedido de sus “empleadores”.

Procesamientos

Montesi confirmó el procesamiento de la pareja y de otra mujer, a quien consideraron partícipe de los delitos imputados.

“El procesamiento es la primera resolución en la que existiría una presunción de comisión de un hecho delictivo, que permite el avance de la causa y que los procesados puedan ejercitar su derecho de defensa”, explicó el fiscal, quien informó que los abogados defensores de los acusados tienen cinco días para apelar esta decisión.

El fiscal fue cauto y no quiso dar a conocer las identidades de las tres personas investigadas al sostener que se trata de una “causa compleja”.

El hombre se encuentra detenido en la cárcel de nuestra ciudad, su pareja en el servicio penitenciario de mujeres en Villa María, mientras que la otra femenina recibió prisión domiciliaria.

En un primer momento, ambas manifestaron que existió un “malentendido” y en el caso de la dueña de los locales sostuvo que nunca hubo “trata laboral”, sino que la presunta víctima “era una conocida a quien le dio trabajo”. Agregó en su primera indagatoria que su empleada podía salir y hasta viajar, dando a entender que no la tenían secuestrada.

En el caso de la otra mujer apuntada, se consideró como “ocasional compañera de trabajo, que ese día –cuando la rescata la policía- la ayudó al buscarla en la terminal de ómnibus de Villa María” para alojarla luego en su casa.

Cómo llegó la víctima al país

Montesi explicó que la víctima llego al país por terceros y de forma ilegal, pero agregó que con el paso del tiempo “la oferta laboral se transformó en una situación de trata”.

“No estaba registrada, cumplía jornadas laborales que excedían lo normal, sin los descansos necesarios y previstos por la ley, en situación de vulnerabilidad y con el miedo infundido ante posibles represalias”, detalló el entrevistado.

Por último, Montesi sostuvo que la causa será elevada a juicio si en estos cinco días la defensa de los detenidos no apela y la sentencia quede firme. Pero, además -añadió- que se espera recibir los resultados de una serie de peritajes encargados sobre elementos secuestrados.

Del caso tomó intervención la Subsecretaría de Asistencia y Trata de Personas de la provincia de Córdoba, dependiente del Ministerio de Justicia, que dio la orden de resguardar a la joven de 18 años en un refugio para mujeres rescatadas, donde fue atendida física, psíquica y legalmente. Asimismo, se puso en conocimiento al Consulado de Bolivia para gestionar la vuelta a su país de origen, la cual se efectuó días atrás.