La joven de 26 años oriunda San Francisco arrestada por la Policía Tucumana en el marco de múltiples allanamientos en distintas ciudades de Córdoba, fue imputada el sábado 28 de agosto como partícipe necesaria en el delito de estafas virtuales por el Ministerio Público de Tucumán, según información exclusiva a la que accedió El Periódico.   

Vale recordar que entre el miércoles 25 y jueves 26 de agosto se llevaron adelante múltiples allanamientos en distintas ciudades de nuestra provincia como en Córdoba capital, Río Cuarto, Cosquín, Brinkmann, Freyre y San Francisco. La Justicia tucumana investigaba estafas virtuales cometidas desde el mes de febrero de 2021 en distintos localidades del interior del jardín de la república. En total fueron 10 los detenidos, entre ellas la mujer de San Francisco identificada como María Florencia Ñ. y otra de Freyre de 41 años –esta última con arresto domiciliario por cursar un embarazo-.

El Periódico dialogó en exclusiva con Miguel Delgado, jefe del Departamento Criminalística que estuvo coordinando los operativos junto a la Policía de Córdoba y con el fiscal Marcelo Leguizamón del Ministerio Público de Tucumán. Y según los funcionarios, nunca antes se había realizado una audiencia con tantos imputados, acusado por haber cometido diferentes estafas.

Diferentes engaños

Los estafadores llamaban a vecinos de Tucumán por teléfono a nombre de Anses y les informaban que se habían hecho acreedores de premios o bien para una verificación bancaria de identidad del cliente. Con las claves bancarias, procedían a vaciar las cuentas y obtener créditos que de inmediato eran transferidos a cuentas de terceros.

Los investigadores coincidieron en señalar que el modus operandi luego de apoderarse de los datos bancarios de las víctimas consistía en ingresar a sus cuentas y solicitaban préstamos preacordados cuyos montos oscilaban entre los $200.000 y los $500.000 y el efectivo que tenían las víctimas. “Esos montos los transferían a sus cuentas y obviaban de informar a las autoridades bancarias que realizaban operaciones  para que no se dieran cuenta del origen de las maniobras que estaba realizando”, repitieron.

Según la Justicia, el monto del dinero que obtuvieron en al menos siete casos: fue más de $ 3,5 millones de pesos. Aunque los damnificados fueron alrededor de 25 personas.

En la audiencia, los representantes del MPF tucumano marcaron diferencias sobre los acusados: a algunos les atribuyeron haber montado una estructura para cometer estas estafas. A otros, como en el caso de las dos mujeres San Francisco y Freyre, las acusaron de tener una participación necesaria por haber prestados sus nombres y haber cobrado el dinero de lo malhabido.

“Puntos en común”

Delgado, que estuvo en nuestra región coordinando los operativos junto a la Policía del departamento San Justo, señaló que “se hizo un análisis de la causa y encontramos un punto en común: las estafas tenían en su mayoría la misma modalidad, eran virtuales y provenían de la misma región. Se llegó a identificar las cuentas a las que se hacían las transferencias, los números de teléfono y luego con la colaboración del Ministerio Público Fiscal y de la Policía de Córdoba se hizo la constatación de los domicilios y se ordenaron los allanamientos”, recordó. 

Según el integrante del equipo de criminalística, los vecinos afectados abarcaban las localidades del Río Seco hasta el límite con San Miguel de Tucumán, Monteros, Famaillá  y Simoca, entre otros lugares. “En esta causa se estima que fueron 25 las personas damnificadas, pero hay investigaciones en proceso por lo que pueden surgir muchas más”, admitió.

Audiencia de más de siete horas

El último sábado, el fiscal Marcelo Leguizamón, a cargo de la causa, reconoció la realización de la audiencia de acusación que duró más de siete horas y las funciones que realizaban algunos de los acusados.

“Se trató de una jornada histórica -le dijo el fiscal a El Periódico- porque se dio una batalla muy fuerte al tema de las estafas por ciberdelito que este año explotó. Con una gran cantidad de causas y que tienen una complejidad importante en cuanto a la investigación”.

El funcionario judicial aclaró que los detenidos e imputados no conformarían, hasta el momento, una banda delictiva, sino que se trataría de una organización. “No hablamos de banda o asociación ilícita, sino de una organización delictiva que son términos técnicos diferentes. Entendemos que las personas detenidas, según está arrojando la investigación hasta el momento, no tendrían vinculación entre ellas, sino que serían las bases de una pirámide delictual”, aseguró.

Según Leguizamón solo entre dos de los imputados se hallaron algunas coincidencias que los podrían unir. “El eslabón que sigue en la escala piramidal es el que los conectó, y que aquí si se investigan la relación con reclusos del sistema penitenciario cordobés. Es una organización delictual bastante importante, bastante grande, bien organizada con recursos por eso se torna muy difícil la investigación”, admitió.

Mientras tanto, a todos los imputados se les dispuso una prisión preventiva por 30 días, con la modalidad de arresto domiciliario aunque dependerá de la caución que disponga el juez de garantía. De todos modos, la fiscalía anticipó que impugnará dicha decisión, temiendo por riesgos procesales, como la fuga o la presión que puedan recibir los imputados.

En el caso de las mujeres, Leguizamón señaló: “La imputación que les corresponde serían las de partícipe necesarias del delito de estafas electrónicas. No creemos que sean autoras pero sí que ellos han prestado una ayuda valiosa para que este delito se cometa”. Y por último cerró: “Estas causas de estafas fueron una pandemia delictiva dentro de otra pandemia sanitaria”.