En algunos episodios realizaban allanamientos en domicilios de manera legal, con las correspondientes órdenes judiciales, y aprovechaban para robar pertenencias. En otros casos, los allanamientos eran truchos –ya sea con órdenes fraguadas o directamente inexistentes– y también terminaban con el mismo resultado: la sustracción de pertenencias.

Los supuestos protagonistas de estas historias, según la investigación judicial abierta y revelada por La Voz del Interior, eran policías que se desempeñaban en la Brigada de Investigaciones de la Comisaría 5ª de barrio San Vicente, de la ciudad de Córdoba.

Si bien la investigación judicial permanece todavía abierta –con imputaciones–, el Tribunal de Conducta Policial decidió cesantear a quienes figuraban como máximos responsables de esa brigada de detectives: el subcomisario Claudio Daniel Rodríguez y el oficial principal Paulo Marcelo Torres, por entonces jefe y subjefe de aquella desarticulada brigada, quienes fueron echados de la fuerza policial en las últimas horas, según informaron fuentes oficiales al diario cordobés.

El caso se agrega a la delicada situación que atraviesa el área de Investigaciones Criminales de la Policía, donde días atrás se produjo una “purga” y un enroque de jefes policiales, tras la captura del subcomisario Víctor Barrionuevo, acusado de liderar una banda de ladrones.

Este efectivo era titular de la brigada de investigaciones en la comisaría de Villa Allende.

Allanamientos truchos

Según la investigación que se instruye en la fiscalía de Alfredo Villegas, un grupo de investigadores policiales que se desempeñaba en la Comisaría 5ª de barrio San Vicente habría cometido robos domiciliarios en allanamientos.

En algunos casos, como se dijo, los allanamientos eran legales, es decir, con autorización judicial escrita. En otros, eran ilegales.

Según la pesquisa, los policías llegaban de civil, con chalecos identificatorios, y sustraían presuntamente distintas pertenencias. En muchos casos, las víctimas, según informantes oficiales, habrían sido personas con vínculos delictivos o bien de escasos recursos que no se atrevían a hacer la denuncia ante la Justicia.

Sin embargo, una mujer fue a la Unidad Judicial (dependiente de Fiscalía General y que funciona en la misma comisaría) y pidió que le devolvieran un celular. Dijo que era propiedad de su esposo, recientemente fallecido, y que el teléfono tenía información que le permitía cobrar un seguro.

Esa presentación derivó en un sumario interno que a la larga terminó avanzando en el Tribunal de Conducta Policial.

Los policías Rodríguez y Torres están acusados por el fiscal Villegas de ser supuestos autores de hurto y allanamiento ilegal. Ambos también están investigados, junto con otros policías, por otros episodios similares.

La cesantía implica que el oficial pierde su estado policial y vuelve a su casa, sin trabajo ni sueldo, y con la suspensión de los aportes previsionales y la obra social, independientemente de lo que haya o no resuelto la Justicia.