El ex oficial inspector Julio Alberto Cabral y el suboficial José Marcelo Andrada confesaron la autoría de los hechos que se le endilgaban en el primer día del juicio (el lunes), lo que aceleró su finalización.

La pena aplicada se corresponde con la solicitud del fiscal de Cámara, Víctor Pezzano, quien resaltó que ambos sujetos habían sido desplazados de la fuerza de seguridad a través de un sumario del Tribunal de Conducta Policial.

Cobraban para no detener

En el caso de Almada, la fiscalía de Instrucción recogió elementos suficientes para determinar que el 15 de mayo del 2003, el policía le pidió 1.000 pesos a los integrantes de una familia de apellido Garnero, de Arroyito, y les quitó una pick up marca Ford para no detenerlos, ya que estas personas tendrían relación con la sustracción de vehículos.

El delito se configuró al haber labrado el acta de secuestro consignando falsamente que el automotor había sido hallado en la vía pública, cuando en realidad estaba en poder de los Garnero y habría sido sacado por sus cómplices.

Por su parte, según la fiscalía, Cabral realizó una operación similar perjudicando a una familia de apellido Giménez, labrando un acta de secuestro de un Renault Clio como si hubiera sido hallado en la vía pública, para no detener a los ladrones.

Una alta fuente judicial consignó a EL PERIÓDICO antes del comienzo del juicio que todas esas maniobras estarían vinculadas al negocio de los desarmaderos. El robo de vehículos para su posterior desguace y la comercialización de autopartes y repuestos es un delito que tuvo importantes picos de incidencia en distintas épocas y está en permanente reconversión.

Grave

El defensor de Cabral, Hugo Luna, relativizó la gravedad de los hechos al indicar en su alegato que su defendido actuaba con conocimiento de sus superiores y de la autoridad judicial a cargo de los casos de sustracción de vehículos.

Además, remarcó que los testigos que incriminaron a los policías quedaron impunes, ya que no fueron investigados en la instrucción de la causa a pesar de haber sido despojados de bienes mal habidos. Luna consideró que “hasta fueron beneficiados porque el fiscal no los imputó”.

Los hechos juzgados ocurrieron en la localidad de Tránsito y los policías se habrían aprovechado del acceso a información que tenía Cabral como integrante de la División Sustracción de Automotores de la Policía de Córdoba.