La resolución por la cual finalmente irá a juicio la causa contra el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut (actualmente de licencia), investigado por presuntos pedidos de coimas millonarias para frenar investigaciones judiciales y además por tráfico de influencias, incluye revelaciones impactantes sobre el supuesto accionar de este importante funcionario judicial, que en caso de ser condenado podría enfrentarse a una pena de prisión y ser destituido de su cargo. 

La resolución del Juzgado Federal de Villa María fue emitida el 29 de octubre pasado. Según se desprende de la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni, en las escuchas telefónicas a su colega Viaut los términos "kilos", "chorizo", "salamines", "tarros", "latas" y "carneada" no hacían referencia a ninguno de los elementos habituales de una carnicería de barrio sino que eran las palabras en código para presuntamente poner en funcionamiento un aceitado mecanismo que pretendía obtener de modo ilícito miles de dólares y millones de pesos a cambio de favorecer a supuestos implicados en causas judiciales de su Fiscalía y además el tráfico de influencias con otros funcionarios de la Justicia.

Cabe recordar que Viaut y Darío Fabián Rivarola (integrante de su Fiscalía) están imputados como autores de los delitos de "concusión agravada” (artículos 266 y 267 del Código Penal, coloquialmente coimas que pide un funcionario) y "tráfico de influencias" (artículo 256 bis del Código Penal).

Además, también serán juzgados Gerardo Agustín Panero (residente en Las Varillas) y Walter Gustavo Fattore (residente en Pozo del Molle) como partícipes necesarios del delito de tráfico de influencias; y Víctor Hugo Brugnoni (residente en Laborde) por el delito de “cohecho activo”, que significa dar u ofrecer dádivas a un funcionario público para que haga o deje de hacer algo que pertenece a sus funciones.

Estos hechos por los que será juzgado se dieron entre agosto y septiembre de 2020. Todo esto, sin embargo, deberá comprobarse en el juicio, que todavía no tiene fecha. En su declaración, el fiscal negó haber cometido estos delitos.

Palabras en códigos

Las cifras que el fiscal Viaut menciona para las "carneadas", que según las intervenciones telefónicas de la investigación de la fiscal Schianni es la palabra que utiliza para acordar la entrega de dinero, son siempre muy altas: no bajan de los 2 millones de pesos y llegan hasta 250 mil dólares, que al cambio actual en el mercado paralelo serían cerca de 50 millones de pesos.

El pedido de juicio formulado por la fiscal Schianni, al que tuvo acceso El Periódico, resalta en varios párrafos que lejos de ser delitos que podrían ocurrir en su órbita pero sin el conocimiento de Viaut, era el propio fiscal el que decidía los montos de dinero a pedir, coordinaba las acciones para ello, cómo se intervendría en las causas y en cuáles de ellas.

En referencia a los "salamines" o "chorizo", términos que según la Fiscalía que investiga es una de las palabras en código para referirse al dinero obtenido ilegalmente, el fiscal Viaut incluso considera en las conversaciones con otra persona imputada como partícipe necesario de estos delitos que “levantan el ánimo" y "cambian el humor".

A la hora de ordenar en código la cantidad de dinero a pedir en los dos casos que serán llevados a juicio, según la investigación Viaut habla de "dos kilos" (que serían dos millones), mientras que otros implicados se refieren en comunicaciones a "tarros" y "latas" para hablar de cantidades de dinero que serían miles de pesos o dólares.

Según las escuchas de la Fiscalía actuante, el 26 de agosto del año 2020 Viaut se comunicó con otro imputado y lo puso al tanto de la intención del empresario Brugnoni de abonarles la suma de 250 mil dólares para que influyeran en la Justicia provincial en el caso de su hijo imputado por abuso sexual en la Justicia provincial, "de los cuales gran porcentaje sería repartido entre los dos y presuntamente un porcentaje menor, -entre treinta mil y diez mil dólares- serían entregados a los otros imputados por las gestiones que realizaran". También, siempre según la investigación en el expediente, coordinaron la modalidad con la que podrían influir en la investigación penal que se llevaba a cabo en la Justicia provincial. 

Con estos elementos, la Fiscalía fundamentó que los demás imputados no operaban a espaldas del fiscal, sino que era el propio Viaut quien daba las órdenes: "Decidía en qué casos se iban a efectuar los requerimientos ilegales, a quién se le formularía la exigencia y qué se prometería a cambio de la misma, impartía las directivas correspondientes y recibía las novedades acaecidas en cada una de las maniobras que se realizaban", señala la fiscal Schianni en el expediente.

Además, la resolución del juez describe que el fiscal utilizaba medios de comunicación locales para ventilar causas en las que luego presuntamente se intentaría obtener dinero a los implicados, como el caso de la causa de narcotráfico por la que está detenido el ex presidente de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, o la causa de las facturas "truchas".

Sin lugar a dudas, se trata de un absoluto escándalo en la Justicia Federal local que, en caso de comprobarse en el juicio, reflejaría hechos gravísimos de corrupción por parte de quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley. 

Lo que dijo Viaut

En un primer momento el fiscal no declaró, pero posteriormente sí lo hizo y negó los delitos que se le atribuyen. “Respecto del primer hecho niego todo. Niego haberle dado órdenes o alguna directiva a Rivarola destinada a solicitar algo para frenar una causa en contra de la cooperativa. No existe ningún elemento que me relacione o vincule a la misma. No tuve ni tengo en la Fiscalía actuación penal de la AFIP dirigida hacia la Cooperativa, ni en contra de las personas nombradas", detalla la resolución.

Sobre el segundo delito por el cual está imputado, tráfico de influencias, dijo lo siguiente: “Niego haber recibido suma de dinero. No tengo vinculación con los Juzgados y Fiscalía de Bell Ville donde se lleva la causa, ni con la Cámara de San Francisco. No conozco a ninguna persona o funcionario al que le pueda haber ejercido influencia".

Respecto a los dólares secuestrados en su Fiscalía en un allanamiento, dijo que correspondían a dos cuotas del pago de una beca de su hija en Europa y también a que tenía un dinero que era de sus suegros, que habían fallecido poco antes, negando cualquier cobro.

Sin embargo, tiempo después reconoció haber cobrado una cifra en dólares pero dijo que fue por un simple asesoramiento al empresario ahora imputado y no para influir en la causa.

Qué dice el Régimen Disciplinario del Ministerio Público

Según el artículo 68 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que incluye el régimen disciplinario para los magistrados, se consideran como faltas graves, entre otros puntos, los siguientes: 
m) Asesorar o evacuar consultas fuera de los casos inherentes al ejercicio de su función.
n) Recibir dádivas, concesiones o gratificaciones de cualquier clase por la realización de sus funciones, en tanto ellas revistan de entidad en su valoración material. 

El artículo 70 determina que los magistrados podrán recibir las siguientes sanciones disciplinarias:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta el veinte por ciento (20%) de sus remuneraciones mensuales.
c) Suspensión hasta por treinta (30) días sin goce de sueldo.
d) Remoción.

La remoción, es decir, la destitución del cargo, solo puede aplicarse a las faltas graves, que según la investigación de la causa aplica en el caso del fiscal Viaut.

El procedimiento disciplinario se iniciará a instancias de otros integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación y se deberá expedir el Tribunal de Enjuiciamiento del MPF.  

Elevación a juicio

Cabe señalar que Viaut había presentado semanas atrás recursos de oposición al requerimiento de elevación de juicio hecho por la fiscal federal María Marta Schianni. Sin embargo, el juez rechazó las apelaciones que habían presentado tanto el fiscal de San Francisco como su colaborador Rivarola y resolvió que ambos sean juzgados junto al resto de procesados en la causa.

Badino, sobreseído

Por otra parte, el juez Rebak resolvió el sobreseimiento definitivo de Santiago Badino (residente en El Tío) por el delito de concusión agravada en calidad de partícipe secundario, "por cuanto el mismo no fue cometido por el nombrado", según la resolución judicial.

La causa y las denuncias

Sintéticamente, a Viaut se lo acusa primero de pedir $2,5 millones al gerente de la cooperativa de Las Cañitas (El Tío), Pablo González, y al presidente de la entidad, Juan Domingo Solá, para frenar una causa judicial por presuntas irregularidades. Esto fue negado por el fiscal, declarando que no tuvo participación alguna.

El segundo delito que se le achaca ocurrió también el año pasado. El empresario Víctor Hugo Brugnoni aseguró que pagó US$17.100 para que favorezcan a su hijo en una causa radicada en la Justicia provincial, dinero que se repartió desde dentro de la Fiscalía federal, según declaraciones del propio procesado. Según la investigación, se había acordado una cifra superior en caso de que lo liberen.

En este último caso hay un reconocimiento del fiscal apuntado por la Justicia. Viaut contó en conferencia de prensa que un amigo lo llamó para indicarle que otra persona (Brugnoni) tenía problemas con su hijo detenido por abuso sexual y que buscaba una especie de asesoramiento: “Como cuando uno tiene un problema de salud grave, tiene al médico, pero apela a la curandera para salvarse. En este caso, se solicitó un dinero (17.100 dólares) para las gestiones, se trató de asesorarlo”, reconoció en diálogo con la prensa.

Asimismo sostuvo que era algo “totalmente ajeno” a su función, al no tener competencia en la causa. “Nunca hablé con un fiscal o un juez. No los conozco, ni correspondía. Por esto no corresponde el tráfico de influencia que se me achaca”, se defendió. Sin embargo, admitió cobrar la jugosa cifra en dólares que luego dividió entre las partes.

Por el primer hecho, a Viaut se le atribuye el delito de “concusión agravada”, mientras que para el segundo “tráfico de influencias”.