UVA: tras la feria judicial habrá más amparos y al menos tres de familias de nuestra ciudad
Así lo confirmó Julia Irazoqui, abogada de la Fundación Club del Derecho, quien criticó el anuncio del gobierno respecto a la compensación de los tomadores de crédito.
La abogada Julia Irazoqui, de la Fundación Club del Derecho, que representa al 38% del colectivo de autoconvocados de la provincia de Córdoba, que actualmente el sueño de la casa propia se le convirtió en pesadilla, criticó el anuncio de este lunes del gobierno nacional que compensará a los deudores de créditos hipotecarios en UVA que entre octubre 2018 y diciembre 2019 hayan tenido aumentos en sus cuotas por encima de un 10% de lo que hubiera resultado actualizarla por el índice de salarios (CVS) por el plazo de 15 meses.
“Realmente no sé quién asesora al presidente (Mauricio Macri); largar una medida electoralista tan deplorable. Son medidas que no terminan de concluir en nada, son electoralistas, temporales y no van al fondo de a cuestión”, señaló Irazoqui en diálogo con El Periódico.
La abogada fundamentó que como primera instancia excluye a los créditos procrear UVA y todo crédito para la construcción y refacción UVA (solamente hay para adquisición). “Así se van achicando los supuestos beneficiarios; a su vez aplica para 15 meses. Entonces se olvidaron un gran detalle, los peores meses de 2018 fueron de abril a septiembre donde el dólar pasó de 19 a 39 pesos; son tan evidentes que ya hasta insultan la inteligencia de las personas”, reprochó.
Respecto al seguro anunciado por la Nación, Irazoqui dijo: “Para que se aplique este seguro debe haber más del diez por ciento de diferencia entre el Coeficiente de Variación Salarial y el CER. Por ejemplo, si en octubre de 2018 tuve una diferencia entre el CER y el CVS del 8 por ciento no aplica el seguro”.
La abogada insistió en que la medida “no sirve para nada ni nadie” y que solo se trató de un “anuncio electoralista”. También aseguró que ningún tomador de crédito UVA pretende un subsidio.
“Queremos sentarnos en una mesa de diálogo con el gobierno y los bancos, decirles: ‘a ver, hasta el día de hoy quienes pagamos los platos rotos de sus errores y de sus ganancias superfluas somos nosotros, ahora cómo se van a repartir las responsabilidades; no vamos a estar 35 años pagando 20 casas”, afirmó y agregó que el anuncio “sirve para enojar aun más a un sector de la población que está bastante molesto. Yo tengo gente que tiene el 70 por ciento de su sueldo con peligro por la cuota del hipotecario, no estamos jugando, son situaciones muy graves”, definió.
Más amparos
A fines de junio se presentaron cuatro amparos de tomadores de créditos hipotecarios. Los hicieron vecinos autoconvocados que reciben el asesoramiento legal de la Fundación Club del Derecho.
La semana pasada, la jueza Eloísa Montes se declaró incompetente ante uno de esos amparos al entender que el Banco Nación, que había otorgado uno de esos créditos, es un ente autárquico y que dicha judicialización es de competencia federal.
Irazoqui explicó que se trató de un “planteo equivocado” de la jueza porque la Ley de Defensa del Consumidor habilita jurisdicción al consumidor. “Vamos a impugnar y a apelar el rechazo cuando se habilite la feria”, señaló.
“Hay gente que debe cinco o seis cuotas, otras que le sacan el 70 por ciento del sueldo, es absolutamente confiscatorio. Por eso vamos a presentar más amparos, al menos tres de San Francisco”, aseguró la entrevistada.
Los UVA
El instrumento nació con el propósito de “captar el ahorro de personas físicas y jurídicas o de titularidad del sector público para destinarlos a la financiación de largo plazo en la adquisición, la construcción o la ampliación de viviendas”. Pero algo salió mal. Los cálculos fallaron y hoy unas 700 familias de nuestra ciudad y la zona sienten el impacto del yerro político debiendo pagar el doble de cuota que hace un año y viendo como el capital de deuda crece en forma desenfrenada.
Por ello, ya algunos beneficiarios de nuestra ciudad que celebraron la posibilidad de tener la casa propia, en poco tiempo se vieron obligados a alquilarla o ponerla a la venta por el mismo monto que le deben al banco con el que negociaron el crédito.
La mayoría, en tanto, subsiste y hace malabares para poder afrontar cada mes el pago en medio de la ilusión de la sanción de una ley que anule el sistema de UVA para la actualización de los créditos y prohíba las ejecuciones de viviendas cuando se demuestre la imposibilidad de pago. Proyectos existen, aunque están cajoneados en el Congreso de la Nación.
