Ante las diversas dificultades que afrontan un importante número de familias, estudiantes y trabajadores a la hora de alquilar un inmueble para vivir, el concejal del Frente Córdoba Ciudadana, Andrés Romero, presentó un proyecto de ordenanza para crear una oficina municipal de atención al inquilino.

Dicha ordenanza surge “ante la ausencia de políticas habitacionales concretas y teniendo en cuenta las dificultades que se presentan a la hora de alquilar una vivienda, agravado por el elevado costo de las locaciones urbanas en relación a los ingresos medios de la población y las exigencias que, en materia de garantías y pago de comisiones por la intermediación, son usuales en el mercado inmobiliario”, fundamentó Romero.

Dicha oficina municipal tendrá como objetivos: -Promover la participación del Estado en la protección del inquilino frente al mercado inmobiliario, fomentando las buenas prácticas en la relación locativa y el respeto de los derechos consagrados por la legislación vigente.

- Asesorar legalmente en la relación locativa

- Ofrecer instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre locadores y locatarios.

- Gestionar convenios con instituciones bancarias o financieras, públicas o privadas, u otras entidades que resulten pertinentes, para permitir el otorgamiento de garantías bancarias y/o seguros de caución, que suplan a las garantías propietarias y/o laborales exigidas para la formalización contratos de locación de inmuebles.

-Gestionar convenios con entidades bancarias, para el otorgamiento de créditos blandos a los interesados en alquilar una vivienda, que presenten dificultades acreditadas según reglamentación, para afrontar los gastos iniciales de la relación locativa, incluidos gastos de mudanza.

-Asesoramiento contable a inquilinos para deducir el pago de alquileres del impuesto a las ganancias, según normativa vigente.

En su artículo 2° se prevé que la oficina genere un registro voluntario de inquilinos y de propiedades en alquiler que deberá ser actualizado anualmente.

Estado presente

Según el concejal las principales dificultades que existen para acceder a una locación de inmueble para residencia, “surgen al momento de la formalización de los contratos de locación y se centran en las exigencias de garantías propietarias y avales personales con recibo de sueldo, importantes costos iniciales derivados de la contratación (comisión por intermediación, mes adelantado, mudanza, conexión de servicios etc.) y la falta de asesoramiento legal previo”, fundamentó

Ante esto, Romero destacó que “el Estado municipal no puede ser ajeno a esta problemática que afecta a un importante sector de la población de San Francisco, por lo cual el objetivo de la presente es crear mecanismos que permitan contrarrestar las barreras que obstaculicen el acceso a la vivienda a través de la locación de inmuebles”.